Para la Justicia, un celular en la cárcel, sin chip, no es delito

El 13 de junio del año pasado, Sergio Alejandro "Ale" García, delincuente que purga 24 años de prisión por el asesinato del menor Ian Durán (16), crimen sucedido en Vila Carlos Paz en 2002, fue condenado a otros ocho años por liderar desde la cárcel de Cruz del Eje una banda integrada por familiares suyos que vendía y distribuía cocaína en la ciudad turística, según se ventiló en el juicio. Al "Ale" García le bastaban dos celulares para dar órdenes a la organización narco en cuanto a la búsqueda de proveedores "mayoristas" y para que le depositaran dinero en cuentas bancarias. En la sentencia del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará, impuso cuatro años de prisión al hermanastro del "Ale", Carlos Alberto "Kuki" Maldonado, mientras que el padre del homicida y narcotraficante, Tomás Eusebio "Anguila" García, fue castigado con una pena de un año en suspenso. Rosana Violeta Ponce, pareja del "Kuki", fue condenada a tres años de ejecución condicional, mientras que a Lidia Rojas y Graciela Gómez, madre y mujer del "Ale", les dieron un año de prisión en suspenso. Nuevo capítulo Sin embargo, en la historia criminal de García se acaba de escribir otro capítulo para la polémica. El hombre que mató al adolescente volvió a ser noticia porque en una requisa en el Pabellón F2 del penal de Cruz del Eje, más precisamente en el dormitorio N°8, ocupado por tres internos, entre ellos "Ale" García, se encontró un celular marca Samsung, sin batería de alimentación, cámara fotográfica ni chip de activación. La requisa se realizó el pasado 19 de marzo a la mañana y, según el informe del subalcaide Alejandro Bertolotti, cuando el personal penitenciario preguntó a los tres presos de quién era el aparato, García se hizo cargo. Se le comunicó que se le aplicaría una sanción disciplinaria por una falta grave y se lo trasladó hasta el servicio médico para realizar el examen físico de rigor. Desmentida El 7 de abril, con la presencia del defensor público Jorge Perano, "el Ale" hizo su descargo y negó el contenido del informe del subalcaide Bertolotti. "Nunca les dije que el celular era de mi propiedad", aseguró el presidiario y consideró que la intención de los guardiacárceles era perjudicar a su compañero de celda, Franco Sotomayor, "porque fue condenado a 14 años por lo ocurrido en el motín que hubo en San Martín y le queda poco tiempo para tener la posibilidad de acceder a la libertad condicional", según indicaron fuentes judiciales. En realidad, García en ese punto mintió porque Sotomayor fue uno de los delincuentes absueltos por el motín del 10 de febrero de 2005.Perano consideró que la requisa era "nula por "la ausencia de testigos civiles". "¿Qué pasaría si cada vez que se sanciona a un preso se buscan testigos civiles?", preguntó uno de los informantes consultados por este diario. El defensor oficial sostuvo además que no se podía considerar "artefacto electrónico" un celular sin chip que no se podía activar y por lo tanto no se podía "vulnerar el bien jurídico protegido".El fiscal Maximiliano Hairabedian se opuso a la postura de Perano y entendió que la requisa de la celda había "sido ajustada a derecho" y en relación con la idoneidad del aparato secuestrado opinó que la restricción de este tipo de elementos en un establecimiento penitenciario sirve "para garantizar los intereses de orden y seguridad que este tipo de lugares exige"."Sin duda que autorizar la tenencia de aparatos de telefonía celular, aún sin batería y tarjeta SIM, no descarta que el aparato se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento y ante una eventual obtención de estos elementos complementarios, pueda ser utilizado en el interior de un establecimiento penitenciario, con los peligros de seguridad interna y externa que ello implica", agregó el fiscal. Hairabedian dejó constancia de que con anterioridad García ya había sido sancionado por la tenencia de otro celular en la celda y que la infracción fue revocada por el tribunal. Al momento de expedirse, el Tribunal Oral Federal N° 1 volvió a revocar la sanción disciplinaria al entender que no era posible "acreditar la operatividad del aparato y ciertamente no se encontraba en condiciones de ser usado". Otro fallo que generará controversia entre la Justicia y el Servicio Penitenciario.

El año pasado, el juez Mario Juliano, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea, consideró que un preso podía tener un teléfono celular en su celda. “La tenencia de un celular no se encuentra prevista como falta en la ley de ejecución bonaerense, a diferencia de la ley de ejecución penal nacional, donde sí está penada”, dijo. Y agregó: “En los pabellones hay teléfonos fijos, ¿por qué se puede cometer un delito con un celular y no con un fijo?”.