Pachorra judicial

No por remanida, la afirmación pierde vigencia. Todo lo contrario. La Justicia cordobesa, sea la provincial o la federal, se ha cansado de demostrar que se mueve a ritmos lánguidos, tardíos, exasperantes, más cerca de la modorra o pachorra que de otra cosa. Y esto termina demostrando a las claras que justicia lenta, definitivamente, no es justicia. O como esperamos que sea o debería ser. Para hoy se espera el comienzo de un postergadísimo juicio contra siete policías por el homicidio de un joven detenido tras un asalto, quien murió –según la causa– producto de trompadas y patadas con borceguíes en un lejano agosto de 2007, en la ciudad de Córdoba.Casi ocho eternos años pasaron antes de que un grupo de uniformados vaya al banquillo de los acusados para responder ante la ley si fueron ellos los asesinos o si fueron otros. Mientras un grupo está acusado de haberlo golpeado, otra facción está sospechada de haber mirado para otro lado y alterado pruebas.Definitivamente, no es un capítulo aislado en nuestra historia criminal. Se podría escribir una enciclopedia con casos impunes o aquellos que van camino a serlo, si no se hacen giros de timón antes.La explosión de la ambulancia del 107, que le arrancó la vida a cuatro personas en 2006 en la avenida Sabattini, en la capital provincial, es otro ejemplo de un sinuoso y exasperante derrotero judicial. Con suerte, el juicio se haría en la Cámara 1ª del Crimen este año, después de innumerables amagues y postergaciones. Eso sí, habrá un acusado menos: hace semanas un empresario falleció de causas naturales. Justicia lenta.Y así como prescribió la tragedia del hundimiento del anfibio El Cisne, ocurrido en julio de 2003 en el lago San Roque y que se cobró la vida de cuatro turistas, qué esperanzas podemos tener con una causa que acumula polvo y telas de araña en los Tribunales federales de Córdoba como la del avión Pipper que cayó en el aeropuerto Ambrosio Taravella hace una década. Diez años y seis cadáveres esperan justicia.Un poco más acá en el tiempo, un geriátrico del Cerro de las Rosas se convirtió en una trampa de fuego y humo. El saldo: seis muertos. Y la Justicia provincial sigue deshojando almanaques.Los casos se aglutinan, se suman, se superponen; causan bronca, dolor, desamparo.Casi nueve años tuvieron que pasar para que el fiscal Javier Di Santo se diera cuenta de que, por ineficacia e inoperancia suya y de sus investigadores, debía irse de la causa por el asesinato de Nora Dalmasso. Ni siquiera sabemos si la mujer fue violada o si el asesino la sorprendió desnuda para estrangularla en su casa de Río Cuarto.Que un crimen sexual, que un ataque personal, que asesinato por encargo... Casi nueve años para que Di Santo se vaya por la puerta de atrás, aduciendo excusas banales.Y si de Río Cuarto hablamos, qué decir del crimen del niño Alejandro Flores, atropellado y ocultado, a todas luces, por la mala Policía. El crimen, ocurrido en 1991, prescribió.La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo inentendible, confirmó la prescripción pero ordenó que se investigue para llegar a la verdad. ¿Verdad de qué? ¿Para qué? Si los asesinos se salieron con la suya. El fiscal a cargo, Walter Guzmán, como su par Di Santo, también tuvo que dar un portazo.Nobleza obliga: hay jueces y fiscales que trabajan bien y han sembrado justicia. Pero hay asesinatos, accidentes en la construcción, siniestros viales, aéreos, acuíferos que grabaron dramas y brillan por su impunidad. Eso echa todo atrás.En algunos casos, la falta de justicia obedece al abandono y la negligencia en las investigaciones, a los empantanamientos en las instrucciones, a las pésimas pesquisas, a las complicidades de los poderosos; en otros casos, son recursos procesales como recusaciones de jueces o fiscales por enemistad por parte de abogados, o pedidos de probation .No hay que ser ingenuos: cuántos letrados, amparados en los códigos de procedimiento, dilatan y dilatan plazos judiciales hasta que todo se pudre y prescribe.Contra la pachorra judicial no hay recetas mágicas: sólo trabajo, conciencia y sentido común hacia el ciudadano. En el fondo, ¿un juez o un fiscal no es tan empleado público como cualquiera?