Mestre pedirá la nulidad de su imputación

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, retomará hoy formalmente su defensa legal ante la imputación que recibió por presunta defraudación calificada contra la administración pública y pedirá a la Justicia federal que deje sin efecto esa resolución que tomó días atrás el fiscal federal N°2, Gustavo Vidal Lazcano.

La presentación correrá por cuenta de los abogados Luis Sayavedra y Virginia Sayavedra Milano, que fueron nombrados como defensores.

A Mestre se lo acusa de no haber dado el destino que correspondía a subsidios que la Nación envió para cubrir costos del sistema de transporte urbano. De acuerdo con la denuncia promovida por el concejal Daniel Juez (Frente Cívico), el intendente habría permitido a la empresa privada Ersa la percepción de subsidios correspondientes a ocho coches articulados que en realidad pertenecen a la firma municipal Tamse.

En la misma causa quedaron imputados, por el mismo delito, el secretario de Transporte municipal, César Ferreyra; su antecesor en ese cargo, Juan Pablo Díaz Cardeilhac; y el titular de Ersa, Juan Carlos Romero.

Según adelantó Sayavedra, lo que hoy planteará ante la Justicia Federal es que no hay “acción” realizada por Mestre, ni “daño o perjuicio” configurado para que se consideren cumplidos los supuestos de un delito. Por eso se solicitará que se deje sin efecto la imputación que dispuso Vidal Lazcano.

Esa solicitud deberá ser resuelta por el juez Alejandro Sánchez Freytes, quien podrá confirmar o no la imputación.

Vale aclarar que hasta el momento, Mestre sólo había hecho referencias mediáticas a su situación procesal, pero no ha sido citado a declarar, ni presentado ningún recurso, más allá de aportar documental.

Hoy dará señales concretas de que intentará derribar de entrada la acusación en su contra. Sus asesores legales consideran que tienen margen para ello, al interpretar que no está acreditada participación del intendente en ningún hecho, y que además no hubo perjuicio al Estado, que pagó los mismos subsidios que venía liquidando.

Al fundamentar la imputación, semanas atrás el fiscal Vidal Lazcano dijo que investigó la presunta asignación irregular de los subsidios a partir de una declaración jurada de la Comisión Nacional de Regulación Transporte (CNRT). La lupa está puesta en lo ocurrido con ocho colectivos articulados, que el municipio compró durante la gestión del exintendente Daniel Giacomino y que pertenecen a Tamse residual, afectadas al servicio de trolebuses.

A pesar de ello, los subsidios por esos coches –de acuerdo a la denuncia que investigó la Justicia Federal– fueron percibidos por Ersa durante seis meses, lo que implicó, en total, un monto de 1,6 millón de pesos. La propia empresa Ersa informó luego de manera pública que había restituido ese dinero a Tamse.

Tras la imputación de Mestre, el concejal Juez dio a conocer una ampliación de denuncia, por el supuesto desvío de los subsidios de otros 14 colectivos, también en beneficio de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe. Ese caso es más llamativo ya que, según la denuncia, se trata de colectivos de Tamse que habían sido alquilados a la exprestataria Ciudad de Córdoba y cuyos subsidios iban a la UTE.

El municipio aseguró que se trata de una falsa acusación del juecismo, y que lo que lleva a confusión es el atraso de la CNRT en actualizar las declaraciones juradas.