La mitad de los geriátricos estaría en negro

Las llamas que ayer acabaron con la vida de seis personas en un geriátrico de la ciudad de Córdoba dejaron al descubierto una situación urgente: la mitad de esos establecimientos estaría funcionando en negro, con los riesgos que esto implica para la vida de sus internados.

Si bien ese porcentaje surge de cualquier conversación con dueños y administradores de geriátricos de la ciudad de Córdoba, existen cifras que lo fundamentan.

El censo provincial 2008 registró a 10.145 personas en geriátricos cordobeses. Pero la Provincia sólo tiene registradas seis mil camas. Es decir, más del 40 por ciento de los internados habita establecimientos no habilitados legalmente.

En el caso de la ciudad de Córdoba, la Municipalidad sólo registra 159 geriátricos, de los cuales, sorprendentemente, más de la mitad no se encuentran habilitados. Sólo lo están 75, mientras los restantes funcionan de manera provisoria (2) o con sus papeles en trámite (82), como era el caso del geriátrico incendiado ayer.

Este diario intentó comunicarse en la tarde de ayer con algún funcionario de la administración de Daniel Giacomino para buscar una explicación, pero desde la oficina de prensa se informó que los funcionarios no hablarían más sobre el tema y que su última respuesta era un comunicado emitido al mediodía, que no se refiere a este aspecto del problema.

El desorden municipal queda en evidencia, ya que el Ministerio de Salud provincial afirmó ayer que en la ciudad de Córdoba apenas hay 2.791 camas en blanco, en sólo 95 geriátricos. ¿Y los otros 64 del listado de la Municipalidad?

Tres dueños de geriátricos consultados por este diario (uno en regla y dos con habilitación en trámite) coincidieron que el 50 por ciento de su competencia está en negro. “Hay garajes que funcionan como geriátricos, familias que usan habitaciones de sus casas para tener viejos, hay enfermeros que alquilan una vivienda y reciben a pacientes postrados”, enumeró uno de ellos, dueño de un establecimiento en la zona céntrica.

Otro de los dueños, ex directivo de la Asociación Gerontológica Argentina, contó que años atrás le pidieron al Gobierno provincial que cerrara los geriátricos que trabajan en negro. “El entonces ministro de Salud nos respondió: ‘Bueno, mañana voy y los cierro a todos. Pero entonces ustedes me dan mañana 1.800 camas para estos viejos, al precio que ellos pagan en esos geriátricos’”.

Muchos de los que trabajan en negro reciben internados a cambio de la jubilación que cobran. “Yo tengo viejos por 600 y 800 pesos al mes. Estos no los reciben en otro lado, no dan ganancia”, explicó el dueño de otro de los geriátricos. “Esta gente está acá, cuidada por nosotros, o se muere en sus casas por falta de atención, porque cuando se nos muere hasta tenemos que pagarle los ataúdes, ya que nadie de estas familias se hace cargo de ellos ni en esas circunstancias”, contó.

“Los geriátricos no son tan buen negocio como la gente cree”, dijo otro de los dueños, con establecimientos en esta capital y en el interior.

“Por eso en la ciudad de Córdoba hay más camas truchas que habilitadas. Si fuera cierto como dice la Municipalidad que hay 159 geriátricos, a un promedio de 30 camas, habría montones de viejos tirados, eso es mentira. A la ley provincial hay que cumplirla, pero acá a vos te obligan, por ejemplo, a tener todas las puertas que se abran hacia afuera para el caso de una evacuación, pero la Provincia no cumple con esto en sus reparticiones”.

Según el censo 2008, Córdoba contaba con casi un cuarto de millón de habitantes mayores de 70 años. Exactamente, eran 246.251. Esto significaba un aumento de 108.748 personas, el 44 por ciento, con relación a las registradas en el censo nacional de 2001. Es un salto explosivo en la cantidad de adultos mayores, que aumentaron más que el promedio global de la población, a tono con una tendencia internacional.

En definitiva, hoy Córdoba tiene más de 250 mil habitantes mayores de 70, y el número de geriátricos y camas supuestamente legales es a todas luces insuficiente para albergar a la población que necesita el servicio. Por ello, la existencia de un alto porcentaje de camas y establecimientos que funcionan en negro, muy probablemente sin cumplir con las condiciones de seguridad, es innegable.