La Justicia de Córdoba, en la cornisa

Fue militante del Partido Justicialista cordobés. Ganó una banca de concejal. Después llegó como vocal al Tribunal de Cuentas; luego pasó a asesorar al gabinete del Ministerio de Gobierno durante la primera gestión de De la Sota, y más tarde fue ascendido a secretario privado de esa misma cartera. Su militancia partidaria trocó a la esfera judicial, cuando en febrero de 2005 fue ungido como fiscal de instrucción de Río Segundo.Durante largos nueve años, acumuló sospechas y suspicacias.Logró que el lobby político evitara su destitución y se jubiló en 2014, cuando el descrédito en su contra iba de la mano con el avance de las causas penales.El lunes último, Luis Nazar, abrumado por las pruebas, dijo sin ponerse colorado que se arrepentía y confesó, sin más trámites.Conocido en ámbitos tribunalicios como el "fiscal diezmo", Nazar había pedido siete mil pesos para liberar a un preso.Horas después, la Cámara 2ª del Crimen (en la edición impresa se consignó por error que se trataba de la Cámara 7ª del Crimen) le impuso una pena de tres años de ejecución efectiva, que hoy varios dudan que alguna vez se cumpla, ya que permane­cerá libre hasta que se resuelvan las casaciones.Y así, sin más, se marchó a su casa, a gozar de la jubilación.Fue el momento en que la historia judicial de Córdoba anotó otra vergüenza.Se trató de la página más nefasta de una serie de fallos judiciales conocidos en los últimos días que no dejan de asombrar.Primero, en la Cámara 5ª del Crimen, un hombre que estaba acusado de haber matado de un escopetazo a su novia, evitó la pena perpetua porque la Justicia vaciló demasiado en determinar qué tipo de relación tenía con su víctima.Se estableció que él la asesinó en su casa, pero nadie pudo ahondar en el motivo. Ella no le robó, no era una intrusa y tampoco lo estaba atacando. ¿Acaso cabía otra opción que crimen en el marco de una relación de pareja conflictiva?Otra vez, el fallo se quedó a mitad de camino.Más insólito fue lo que aconteció en la Cámara 9ª del Crimen.Un hombre estaba acusado de matar a otro en medio de un ataque a balazos contra un grupo de jóvenes, a raíz de una extendida rivalidad entre bandas, en la zona de Villa Adela.Al disparar, el atacante no mató a su enemigo, sino que la víctima fue otro vecino ajeno a toda la disputa.En la sentencia, los jueces entendieron que había sido una "negligencia", que mató por error, y le dieron una pena leve.O sea, como no tuvo buena puntería, se le redujo la condena.En el medio de estos fallos, hay otro mutismo judicial que genera demasiado ruido: el caso de la joven de barrio Urca que decidió matarse junto a su pequeño hijo en medio de una batalla judicial con su padre, según se investiga.Es que el hombre, la otra parte de esta controversia penal que terminó en tragedia, estaba preso por una serie de denuncias que ella había realizado.Tras conocerse las muertes de la joven y su hijo, la fiscal Mercedes Balestrini ordenó la libertad de él –aunque continúa imputado por supuestas amenazas y agresiones–, pese a que semanas antes había determinado que debía ir preso por las denuncias de su ex.En medio del dolor, el hombre recordó que siempre le había dicho a la fiscalía que las denuncias en su contra eran falsas, que su pareja amenazaba con suicidarse y que nadie de todo el sistema judicial lo quiso escuchar.No se trata del primer relato de este tipo que sacude las investigaciones por violencia familiar.Tiempo atrás, en esa misma fiscalía se ordenó detener a la expareja de Carina Drigani, ya que ella lo había denunciado por una serie de amenazas que mucho tiempo después se comprobaron que eran falsas (en realidad, autoprovocadas).El hombre fue detenido cuando ella desapareció, fue sospechoso de su muerte y tras varias semanas recuperó la libertad sólo porque se descubrió que Drigani y su último novio habían planeado incriminarlo.En medio de ese absurdo, ella apareció muerta en circunstancias que todavía los investigadores no logran explicar con certezas.El temor de fondo es que la Justicia cordobesa, ante un clamor social más que legítimo por los imparables asesinatos de mujeres, se haya corrido hacia un extremo, al punto de quedar en la cornisa de violentar los principios de inocencia.Se trata, en el fondo, de otra muestra de una impotencia que parece desbordar al sistema judicial local.