La furia popular en el país de las urgencias

En Capilla del Monte, la noticia de que un chico murió en un calabozo, aparentemente ahorcado, desató una pueblada con consecuencias desastrosas para la ciudad, en donde edificios públicos y hasta domicilios privados sufrieron las consecuencias de la furia vecinal. La desmedida reacción, que se extendió durante la noche de dos jornadas, tuvo extraños ingredientes y dudosos participantes, que son materia de una investigación judicial, paralela a la que se sigue por la muerte del joven.

En forma simultánea a estos hechos, en Villa María un adolescente fue acusado de abusar de una niña de 8 años, lo que despertó la reacción de un nutrido grupo de vecinos que protestaron frente a la vivienda del sospechoso, a la que arrojaron piedras y otros elementos contundentes. Este hecho, registrado en barrio Los Olmos, parece réplica de otro caso de furia popular manifestada cuando vecinos de ese mismo sector de Villa María la emprendieron contra la casa de un hombre acusado de abusar de un niño de 7 años, en noviembre del año pasado.

A todo esto, en la bonaerense localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, la muerte de un joven como consecuencia de un asalto movilizó a parientes, allegados y vecinos de la víctima, quienes el lunes de la semana pasada provocaron serios destrozos en la sede de la comisaría local. En esa misma provincia, el miércoles último, en la localidad de José León Suárez, el asesinato de un adolescente en una villa de la periferia generó una arremetida de vecinos también contra la sede policial, en donde los manifestantes incendiaron 20 vehículos, entre patrulleros y autos particulares.

Esos cuatro ejemplos alcanzan para decir que, en nuestro país, episodios similares se suceden casi a diario, no sólo en Córdoba o Buenos Aires, sino en casi todas las provincias. Además de la espontaneidad, a todos los une otro denominador común: la impaciencia. Esos manifestantes, que en muchos casos alcanzan conductas salvajes que ni ellos hubieran imaginado tener, reaccionan sin pensar, no son capaces de esperar que se sigan los procesos legales y salen a linchar a sospechosos o a romper todo en procura de lograr justicia por mano propia.

Su conducta atenta contra las garantías que deben darse a todos los sospechosos de un crimen, y contra la tranquilidad y seriedad con la que deben actuar los que tienen la responsabilidad de investigar y juzgar para impartir legítima justicia. Pero no son los únicos. A esos ciudadanos alterados e irascibles, cuya forma de actuar responde, sin dudas, a un montón de factores que convendría atender, entre los que se cuentan sentimientos de revancha y reivindicaciones para con un sistema que no les devuelve el equivalente a todo los que ellos dan, se suman legisladores y partidos que utilizan esas reacciones con fines políticos y salen a reclamar con urgencia pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios, fiscales y policías, casi al mismo tiempo que vuelan las piedras contra una comisaría o una sede municipal.

Si nos mantenemos así, en el país de las urgencias, nunca vamos a lograr una sociedad equilibrada, con el orden suficiente que requiere cualquier camino de progreso. Pero, como ya lo dije, no depende de lograr una reflexión colectiva, ya que eso es una utopía. La situación necesita la atención inmediata de postergaciones y miserias abonadas cotidianamente por males como la desidia y la corrupción de quienes, paradójicamente, deberían actuar para sanearlas.