La cuenta pendiente: quiénes los venden

Desde hace tiempo no se conoce en Córdoba un operativo de relevancia que haya permitido desbaratar al menos una banda de importancia dedicada a la venta o alquiler de armamento.Tanto desde la Policía como en Tribunales insisten en que gran parte del armamento que cae en manos de la delincuencia proviene de robos a domicilios de particulares. Asimismo, señalan que el armamento pesado (las pistolas) proviene del robo a policías o bien de arsenales.A nadie le escapa que en 2015 se sustrajeron al menos 72 pistolas de la propia Jefatura de Policía.En la Justicia aceptan la falencia de no llegar a quienes están detrás de este negocio."Lamentablemente siempre se da sólo con el delincuente y en algunos casos con quien le guardó o escondió el arma, pero esa personas termina imputada por encubrimiento", reconoce el fiscal Raúl Garzón. "Indudablemente, alguien las vende y alquila...", opinó el funcionario.Por su parte, Martín Angerosa, extitular del ex-Renar Córdoba, destacó que el "problema central" está en el armamento legal."Es un mito y un error grave considerar que el problema de las armas está sólo en las ilegales. El problema está en las legales y la falta de control. Mientras más grande es el mercado legal, más grande es el ilegal", expresó el especialista, quien remarcó que la política de desarme es clave.Además reclamó que se debe castigar el tráfico de armas ("esa figura no existe", dijo) y más labor judicial y de inteligencia de las fuerzas de seguridad.