En el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, fue procesada una instructora del Liceo Militar General Paz por “abuso de autoridad”, “lesiones leves” y “amenazas” en perjuicio de un cadete adolescente.
El pasado martes, se produjo la imputación solicitada por el fiscal Enrique Senestrari en contra de la teniente primera María de los Ángeles Juárez (33), presunta autora de dos incidentes graves en 2021 en perjuicio del alumno de tercer año.
Los padres del adolescente presentaron la denuncia y esto dio origen al caso que tramitó Senestrari y que ahora llega al avance concreto de la imputación.
La investigación indica que, en el primero de esos hechos, el 28 de septiembre de 2021, en los predios del Liceo Militar General Paz –ubicado en la salida norte de la ciudad de Córdoba–, la instructora Juárez, a cargo de una clase de Educación Física, cometió abuso de autoridad al maltratar a un grupo de cadetes de tercer año.
Concretamente, de acuerdo a la instrucción judicial, Juárez habría forzado a los cadetes a realizar “movimientos no autorizados”, descriptos por testigos como ejercicios de combate tipo “carrera mar(ch) y cuerpo a tierra”.
Estos ejercicios físicos estaban explícitamente prohibidos fuera de la materia de instrucción militar y no correspondían a la clase de Educación Física que se estaba desarrollando. Como consecuencia directa de esta exigencia física indebida, el cadete –cuyo nombre e iniciales se omiten para preservarlo– sufrió dolores musculares que le impidieron realizar sus actividades cotidianas durante siete días, según consta en un certificado médico que nutre la prueba de la causa.
Ese incidente generó una actuación administrativa del propio Ejército Argentino, lo cual a la postre terminó reforzando la causa judicial. En esa pesquisa, la instructora que estaba formalmente a cargo del grupo en ese momento, otra oficial cuyo nombre también se omite por ser testigo, declaró haber visto a Juárez llevando a la fracción de cadetes mientras realizaba “movimientos no autorizados”.
Como resultado del sumario administrativo, la teniente primera Juárez recibió una sanción disciplinaria por “no dar cumplimiento a lo ordenado respecto de las actividades físicas en el instituto”.
Luego de este primer episodio, los padres del cadete presentaron una queja ante las autoridades del Liceo.
Pero, a la semana siguiente, se produjo el segundo hecho, de mayor gravedad. El 4 de octubre de 2021, cuando el cadete se reincorporó al Liceo, la instructora Juárez lo habría interceptado en la pista de atletismo para amedrentarlo. Delante de sus compañeros, Juárez le habría recriminado al menor la presentación del certificado médico y la queja de sus padres.
De acuerdo a la denuncia y a los testimonios que están en el expediente, Juárez amenazó al adolescente con expresiones como “Yo tengo la posibilidad de a usted dejarlo cuadripléjico, y la próxima vez lo voy a dejar cuadripléjico” y “Le quiero conocer la cara a su papá”.
La familia cuenta en la causa con el patrocinio de los abogados José D’Antona y Camila Cornú. Al ser interrogado en la tramitación administrativa y en la Justicia, el cadete fue consistente en su declaración sobre esta amenaza.
Siempre según las constancias judiciales, el entonces director del Liceo, César Atilio Rodríguez, también declaró tener conocimiento del incidente y de la frase utilizada por la oficial, manifestando que le informaron que Juárez dijo “algo así como ‘está pesado, yo lo voy a dejar cuadripléjico’”.
Por otra parte, se acusa a la teniente primera Juárez de haber incitado a alumnos de quinto año a hostigar al alumno después de este episodio. El joven cadete habría sido rodeado en el patio por estudiantes mayores que le pidieron explicaciones e intentaron agredirlo físicamente. Esa misma situación se habría repetido en marzo de 2022.
El procesamiento
Tras analizar las pruebas reunidas, el juez Carlos Arturo Ochoa (de Río Cuarto, subrogante del Juzgado Federal N° 1) resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva de María de los Ángeles Juárez. Esto indica que el magistrado considera que existen pruebas suficientes sobre la existencia de los delitos y su participación en ellos para elevar la causa a la siguiente etapa, que podría ser el juicio oral.
El tribunal consideró que la instructora actuó con “pleno conocimiento y voluntad de querer abusar de su situación de superioridad jerárquica” en el primer hecho, y que en el segundo “habría conocido y querido amedrentar a (XXX) mediante la amenaza de dejarlo ‘cuadripléjico’”.
Paralelamente, Ochoa dictó una serie de medidas cautelares para asegurar la continuidad del proceso. Además de no requerir la prisión preventiva, trabó un embargo de $ 3 millones a los bienes de Juárez, como una forma de garantizar que asuma eventuales responsabilidades económicas, como multas, indemnizaciones y costas.
También, como es de rigor en estas situaciones, Juárez deberá cumplir con determinadas obligaciones mientras dure el proceso, como presentarse ante el tribunal cada vez que sea citada e informar cualquier cambio de domicilio, para no entorpecer la investigación.
