Jueces ordenan a un fiscal investigar a presuntos narcos
La causa contra una banda que operaría en Frontera había sido archivada pese a un informe policial que alertaba sobre presunto lavado de dinero.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, conformada por los jueces Abel Sánchez Torres y Luis Rueda, ordenó al fiscal federal de San Francisco, Luis Viaut, que investigue a una banda de presuntos traficantes que operan en Santa Fe y Córdoba, luego de que el funcionario judicial decretara hace un año que el caso debía ser archivado.
En la resolución, los jueces remarcaron como negativo que el fiscal decidiera investigar con policías cordobeses, pese a que un testigo de identidad reservada que dio origen a la causa también los había involucrado.
Tras una breve pesquisa, el comisionado dijo que no había encontrado mayores pruebas, lo que le bastó al fiscal para ordenar el archivo de las actuaciones.
Ante esto, el juez federal de San Francisco, Mario Eugenio Garzón, se opuso y decretó la nulidad del archivo, ya que entendía que se debía continuar con la investigación.
Fue entonces que el fiscal apeló, por lo que ahora, un año después, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió y terminó por darle la razón al juez.
De esta manera, tras una larga interrupción, la investigación deberá ser reanudada.
Reproche
“De lo expuesto, surge con meridiana claridad que, salvo el requerimiento a la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba para que realice tareas de investigación, no hubo ningún tipo de actuación por parte del fiscal tendiente a dilucidar los hechos denunciados”, reprocharon los jueces
Según la causa, en agosto de 2013, un testigo de identidad reservada aseguró que una banda narco asentada en la ciudad santafesina de Frontera, separada por una avenida de San Francisco, estaba detrás no sólo del tráfico de estupefacientes, sino que también habrían matado a personas por temas relacionados con la droga.
El informante agregó que una mujer tenía más datos.
Y de manera paralela, apuntó a un interno de la cárcel de San Francisco, al que acusó de comercializar sustancias ilícitas al interior del penal.
En sus dichos, también indicó que había policías antidrogas cómplices de esta banda y que un comisario de San Francisco los alertaba ante los allanamientos.
Pocos datos
El fiscal Viaut comisionó al agente Héctor Javier Elsener de la entonces división Drogas Peligrosas, con siento en esa ciudad, para que investigara.
Al poco tiempo, el cabo elaboró un informe en el que señalaba a una familia de apellido Gallardo, que sería la que estaría detrás de la actividad clandestina denunciada por el testigo protegido.
Remarcó que ellos serían “los encargados de transportar grandes cantidades de estupefacientes a diferentes puntos del país”.
En el mismo informe, identificó a gran parte de la familia y a quienes denominó “laderos”, haciendo mención que todos se conducían en autos de alta gama, y refiriendo también que se desconocía que realizaran actividad lícita alguna, según se lee en el expediente.
No obstante, el policía aclaró que uno de ellos, apodado “el Chancho”, era el que continuaba encabezando esta presunta banda.
“El resto de los parientes habría logrado invertir el dinero de lo ilegal en diferentes negocios, motivo por el cual, deduce el cabo Elsener, habrían abandonado de cierto modo la actividad ilícita”, continúa el caso.
Meses después, el 15 de mayo de 2014, el comisionado policial declaró que no se observaban mayores actividades delictivas relacionadas con esta causa, ya que a fines de 2013 Gendarmería y Policía Federal habían apresado a algunos de los investigados.
Se infiere que se trataba de la causa que tiene preso, desde diciembre de 2013, a Héctor Argentino Gallardo.
El hombre, afincado en Frontera, tiene campos en Entre Ríos, Misiones, Salta, Santa Fe y Córdoba, según datos que surgieron en su momento de la Justicia federal.
En aquellos allanamientos se secuestraron 56 autos de una inmobiliaria que servía de pantalla a la banda.
En total, el volumen de dinero que se investiga alrededor de Gallardo superaría los 25 millones de pesos.
Ante esto, se inició una investigación por presunto lavado de dinero que todavía está en curso.
Para el fiscal Viaut, este informe del cabo de Drogas Peligrosas fue suficiente para ordenar archivar las actuaciones.
Sin embargo, tanto el juez Garzón en aquel momento como los camaristas ahora, le criticaron que no valoró el resto del expediente, donde surgía “con claridad, que podría estarse a una serie de delitos vinculados con la ley 23.737, o cuanto menos, ante la presencia del delito de lavado de activos”.
A esta altura, a tenor del tiempo transcurrido y la activación de una investigación paralela, no está claro si la orden de reapertura es más un reproche que la búsqueda de nuevas evidencias.
