Inédito pedido de condenas para los 13
El reclamo de la Fiscalía de 25 años de prisión para siete de los acusados no tiene antecedentes en la Justicia ordinaria argentina. Sólo puede compararse con los juicios por lesa humanidad cometidos desde el Estado en la época de la dictadura militar. Enviado Especial.
El fiscal Carlos Sale pidió ayer siete condenas a 25 años de prisión y otras seis a 12 años y 6 meses (exactamente la mitad) a los otros seis imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón.
El fiscal consideró que los delitos que se estaban juzgando correspondían a trata de personas, pero al momento del secuestro de la víctima no se había dictado la ley sancionada recién en el 2008. Al cabo de un pormenorizado análisis jurídico se refirió al artículo 142 bis que contempla penas de 5 a 15 años al que sustrajere u ocultare a la víctima para hacer algo contra su voluntad. Pero pidió al tribunal que se aplicara la agravante contenida en el inciso 6 del mencionado artículo que, por la participación de tres o más personas, incrementa la escala penal de esa figura a penas que van de los 10 a los 25 años de prisión.
Más allá de la parte técnica del alegato, Sale montó un andamiaje probatorio sobre los testimonios de ocho mujeres que fueron cautivas o ejercieron la prostitución en Tucumán y fundamentalmente en dos lupanares existentes en La Rioja. Las declaraciones, algunas por demás desgarradoras, se escucharon a lo largo del juicio que se extendió por nueve meses y a través de lecturas de testimonios colectados a lo largo de la instrucción de la causa.
Todas esas mujeres coincidieron en dos cosas: vieron a María de los Ángeles (Marita) Verón y mencionaron a los imputados sometidos a juicio. Ninguna dio un nombre de más. Entre febrero de 2002 cuando raptaron a Marita y fines de 2003, esas testigos estuvieron o conversaron con Marita en distintas circunstancias. Pero siempre la vieron cautiva. Todo ello a pesar de que le cortaron el cabello y le pusieron lentes para cambiarle el color de los ojos. Ninguno de esos cambios evitó que Marita fuera reconocida por otras víctimas que tuvieron contacto con ella en una o más oportunidades.
Previo al contundente mensaje de Sale dirigido al tribunal presidido por Alberto César Piedrabuena, a grado tal que después de pedir las condenas (ver aparte) solicitó la inmediata detención de los imputados para evitar que se fugaran (reclamo que no obtuvo eco), expuso el fiscal Manuel López Rouges. Pese a su avanzada edad y a su sordera absoluta, el magistrado se encargó en la primera parte del alegato de la Fiscalía, a resaltar la honestidad y persona de bien que era Marita.
Recurrió el experimentado fiscal a los testimonios de vecinos, amigos de la familia, compañeras de la escuela de la joven desaparecida, para dar por tierra que estaba peleada con su marido y su madre. Desde la defensa de los acusados siempre se atacó la moral de Marita y también a la de su madre, Susana Trimarco, de quien llegaron a sostener que ejercía la prostitución. López Rouges defendió con vehemencia la integridad de Marita, despejando las dudas planteadas por los defensores.
Tensa audiencia. En la audiencia de ayer hubo tensión, llantos, exclamaciones e incluso la indiferencia manifiesta de María Jesús Rivero. La ex mujer de la "Chancha" Ale, uno de los hermanos que durante muchos años rigieron los destinos de los tucumanos en base al miedo, manejando la prostitución, la droga y el juego, permaneció inmutable. La mujer considerada la mentora del secuestro de Marita Verón parecía una actriz de cine. Impecablemente vestida como si fuera a una fiesta de gala, con anillos y joyas encima, ocultaba sus ojos detrás de anteojos de sol. Los alegatos de los fiscales fueron precedidos por el del abogado mendocino Carlos Varela (ver Llantos por una moneda ), de factura impecable y que hizo llorar a muchos y arrancar muecas de odio y bronca entre los acusados.
Hoy alegará José Dantona, el cordobés que representa a la querellante Susana Trimarco en la parte penal. Más allá de los tropiezos y suspensiones que sufrió el juicio, puede decirse que Trimarco logró el objetivo: El juicio no tiene precedentes en la historia judicial argentina por las penas reclamadas.
Penas solicitadas
Las penas solicitadas ayer por el fiscal para cada uno de los imputados en el caso fueron las siguientes:
Juan Alberto Derroberti: 12 años y 6 meses.
Daniela Natalia Milhein: 25 años.
María Jesús Rivero: 25 años.
Víctor Ángel Rivero: 25 años.
Andrés Alejandro González: 25 años.
Domingo Pascual Andrada: 12 años y medio.
José Fernando Gómez: 25 años.
Lidia Irma Medna: 25 años.
María Azucena Márquez: 12 años y medio.
Mariana Natalia Bustos: 12 años y medio.
Gonzalo José Gómez: 25 años.
Carlos Alberto Luna: 12 años y medio.
Cintia Paola Gaitán: 12 años y medio.
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