Imputarán a comisarios por trata

El fiscal federal Nº 1, Enrique Senestrari, que investiga a una cooperadora policial que funcionaba de manera clandestina en torno de las comisarías 1ª, 9ª y 10ª de la ciudad de Córdoba, resolvió imputar por el supuesto delito de trata de personas a los comisarios implicados en la investigación.

Al parecer, la asociación civil cobraba aportes de al menos un prostíbulo y de distintos comerciantes. Se trata de una cooperadora creada por civiles con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con las comisarías.

El viernes 12 de este mes, dos personas (de apellido Iturrioz y Freytes, y buscan a una tercera, Olmedo) fueron imputadas por el supuesto delito de cohecho, ya que se sospecha que el dinero recaudado era distribuido entre los jefes policiales de las comisarías, según informaron fuentes judiciales.

La pesquisa surge a partir del allanamiento del prostíbulo “Majas”, que funcionaba en calle Tucumán.

“Nos encontramos con una importante cantidad de recibos de pago a una cooperadora policial que representaba a tres comisarías y era ilegal porque había sido dada de baja por Inspección de Sociedades Jurídicas. Sin embargo, igual seguían cobrando cuotas a comerciantes y les daban dinero a los comisarios para que compraran material de librería y otros gastos del personal”, señalaron desde la investigación.

Se cree que por lo menos desde 2007 esta cooperadora, que en los recibos que entregaba figuraba en su dirección Corrientes 534 (el mismo domicilio de la comisaría 1ª), ya había sido dada de baja por Inspección de Sociedades Jurídicas.

Con los diferentes recibos que existen en el expediente, el fiscal avanza ahora en separar aquellos que corresponden a prostíbulos y, en caso de estar estos locales vinculados a investigaciones por trata de personas, se individualizará a los comisarios que estaban al frente de las comisarías respectivas en la fecha en que fueron expedidos los recibos, para luego imputarlos por su posible participación en ese delito.

En la causa aparecen diferentes elementos singulares. Por ejemplo, cada vez que cambiaba el jefe de una de las comisarías implicadas, también empezaba de nuevo el número del talonario de la cooperadora.

Hace 10 días, este diario informó que en otra investigación por facilitación de la prostitución, en la justicia provincial, se habían encontrado recibos de la misma cooperadora en allanamientos contra una “cadena” de departamentos vinculados a una red de prostíbulos cuyo titular está preso y con una causa federal por trata de personas.

Denuncia previa. Esta cooperadora policial no es la primera vez que es noticia. En septiembre de 2005, según fuentes judiciales, el comisario Enrique Rodríguez, que en esa época era titular de la comisaría 1ª, denunció ante la justicia provincial una serie de supuestas irregularidades.

Entre otros puntos, observó que un subcomisario había prestado mil pesos para la compra de una piedra que iba a ser colocada al frente de la comisaría, monto que no figuraba en el registro del libro de gastos.

Agregó que la asociación civil que explotaba la cooperadora le negaba “el libro de ingresos mensuales con respaldo de sus respectivos comprobantes”. Y apuntó que “en una oportunidad personal policial al concurrir a un domicilio de la zona céntrica donde se había perpetrado un ilícito, se estableció que en el lugar funcionaba una casa de citas (prostíbulo), manifestando la encargada que ella aportaba a la cooperadora”.

En la misma denuncia, se advirtió que en los recibos aparecía la dirección de la comisaría 1ª y sus teléfonos. Y se agregó, entre otros puntos, que se había constatado que otros prostíbulos céntricos habrían contribuido con la cooperadora.

Una presentación similar había sido acercada, en agosto de ese año, al jefe policial de Distrito 1 de la Policía.

En esa misma época, los titulares de la cooperadora decidieron “dejar sin efecto el accionar de esta entidad mientras dure la gestión del actual titular comisario Rodríguez, ya que su comportamiento impide que esta entidad cumpla con los objetivos para la que fue creada”, según se lee en una nota enviada al Distrito 1.

En la misma, señalaron: “Los motivos, que son de su conocimiento y que quedaron expuestos en la reunión mantenida en su despacio, se basan en la actitud coercitiva y compulsiva del comisario Rodríguez para solicitar documentación, por escrito, de patrimonio exclusivo de la cooperadora, cosa que le fue negada, no así el tener acceso a ella”.

Un año y medio después, en diciembre de 2006, Rodríguez fue pasado a retiro.

La causa judicial recayó, en 2005, en la fiscalía de Distrito 3 Turno 3, a cargo de Eve Flores. La parte de la presentación que contemplaba presuntos delitos de funcionarios públicos fue remitida a la fiscalía Penal Económica y Anticorrupción, sin que hasta hoy se hayan conocido novedades.

En 2007 fue archivado el resto de la denuncia, ya que desde la fiscalía entendieron que había “consideraciones muy generales” que no llegaban a configurar los delitos que se suponían. Sí se detectaron presuntas irregularidades en torno de la cooperadora, por lo que se remitió esta parte del expediente a Inspección de Sociedades Jurídicas.

“Los prostíbulos son ilegales”

Fiscal. "Aunque la cooperadora hubiese estado en regla, la Policía no podía recibir dinero de prostíbulos, que siempre estuvieron prohibidos, aun antes de que saliera la Ley de Trata", explicó Enrique Senestrari el mismo día de los allanamientos.

Ministro. El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, dijo: "Siempre estuve en contra de las cooperadoras policiales y en los últimos tres años no fue autorizada ninguna. Algunas subsisten porque tienen personería jurídica y su funcionamiento depende de Inspección de Sociedades Jurídicas". Aquel viernes 12 de este mes, Paredes anunció que prohibirá a las comisarías que reciban dinero de las cooperadoras policiales. "Si la Policía no les recibe dinero no tienen razón de ser, nadie va a contribuir con esa gente".