Historia de un barrio “flojo de papeles”

Ubicado a continuación de barrio Ituzaingó Anexo, en el extremo sudeste de la ciudad de Córdoba, Oronato Santa Bárbara es una suerte de barrio "fantasma". Más de 90 familias habitan igual número de casas, repitiendo todos los días las rutinas de cualquier barriada cordobesa: hombres y mujeres que temprano buscan la parada del ómnibus para ir a trabajar, chicos que caminan hacia la escuela, autos que transitan por el hormigón de la calle Stepenson, charlas que se repiten mientras el almacenero despacha al cliente de adelante, alumbrado público que se enciende de noche y picos que chorrean agua corriente. Pero en los papeles, de manera formal, Oronato Santa Bárbara está despoblado.Este curioso caso se remonta a fines de 1995, cuando todavía las cinco hectáreas y media en las que ahora se construyó el barrio eran un campo privado.Esteban Alberto Vilella Paz y Raúl Enrique Flores aseguran que sus padres eran los propietarios del terreno. Relatan que en aquel año, con ellos ya fallecidos, los entonces caseros del campo, Francisco Bautista Ferreyra y su hijo Francisco Héctor Ferreyra, junto al abogado Ernesto Horacio Astrada, habrían urdido la trama que desembocó en el caos de hoy.Una mañana –según relataron los supuestos herederos–, lotearon el terreno y comenzaron a vender las parcelas, a las que ofrecían en cómodas cuotas. Fue entonces que varias familias se embarcaron en la aventura de la casa propia.Denuncia. El 6 de marzo de 1996, Esteban Vilella se presentó en la sede del Registro General de la Propiedad, donde se habría entrevistado con la entonces directora, Melba Rosa Catoira de Torchio, a la que denunció que en el dominio Nº 11.630 inscripto en el tomo 57 de 1957, en el que debía figurar los nombres de los dueños del terreno, faltaba el folio 14.190 y su índice correspondiente. Al parecer, en el Registro se había incorporado una fotocopia adulterada de la escritura, donde figuraba como propietario Francisco Bautista Ferreyra, según Vilella."Fue muy burdo lo que hicieron: borraron los nombres de nuestros padres y pusieron uno solo, el de Ferreyra, por lo que quedó un gran espacio vacío", reseña el hombre.En mayo de 1996, el entonces fiscal de Instrucción José Antonio Bonadero –según consta en el archivo de este diario– promovió acción penal contra Astrada y Bautista Ferreyra, como supuestos coautores del delito de estafa, imputando además a este último el delito de adulteración de documento público y estafa.En tanto, la ex directora del Registro General de la Provincia fue imputada como probable autora del delito de encubrimiento, por haber omitido denunciar el hecho estando obligada a hacerlo.Ninguno llegó a juicio, ya que la causa prescribió en 2006 y fueron sobreseídos.Los vecinos que llegaron al barrio, enterados del proceso judicial, desistieron de continuar pagando las cuotas (ya habían efectuado entregas de entre 100 y 3.500 pesos, dependiendo de los casos, según consta en la causa). Pero continuaron edificando y hace cinco años, luego de varios reclamos, lograron que la Provincia asfaltara la calle principal, pusiera alumbrado público y conectara el servicio de agua, además de la electricidad.Usurpación "oficial". "No sólo nos usurparon, sino que la Provincia avaló esto realizando esas mejoras", se quejaron los supuestos herederos.Hoy, el litigio continua, y los herederos de Vilella y Flores reclaman a la Provincia una indemnización que en total supera los 10 millones de pesos, en una causa radicada en el Juzgado Civil y Comercial 50º Nominación. Y advirtieron que aún el Registro de la Propiedad no subsanó el título supuestamente adulterado.Quienes también se muestran preocupados por la indefinición del caso y elevan sus críticas son los vecinos de este barrio "flojito de papeles". Hugo González, Eduardo Martínez y Claudia Cejas, tres de sus primeros habitantes, aseguran que desde hace años vienen recopilando reclamos para que alguien les solucione el problema con los papeles sus tierras."Acá lotearon y vendieron. Nosotros compramos de buena fe y después nos vinieron a decir que los que vendían no eran los dueños. Queremos pagar el terreno, pero no sabemos a quién", apuntan.Temen que algún día una topadora tire por tierra sus casas, ya que no tienen ningún comprobante que acredite que los terrenos donde construyeron sean de ellos. La mayoría de las viviendas tienen las paredes sin terminar, porque muchos no se animaron a continuar invirtiendo sin saber qué iba a ser de sus casas, según cuenta Martínez."Necesitamos que se regularice nuestra situación, nosotros también fuimos estafados y no puede ser que no tengamos ningún papel que nos acredite que donde vivimos es nuestro", se lamentaron.Ante la pregunta de hasta dónde han llegado con los pedidos, Martínez sugiere: "Si quieren venir a ver todos los reclamos que hemos efectuado, por favor avisen con un día de anticipación, porque tenemos que sacar las cajas donde tenemos todos los papeles".Pero pese a todos los trámites, el conflicto de Oronato Santa Bárbara sigue sin final.