El “colapso” que no deja mirar el bosque

En la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se celebró ayer al mediodía una reunión de cuatro personas que comenzó con fuerte tensión y terminó algo más distendida.

Tres de los vocales del alto cuerpo le mostraron al titular de la Asociación de Magistrados, el camarista del Crimen Mario Capdevila, su disgusto por la trascendencia pública que había tenido a través de la prensa una nota de esa entidad dirigida a ellos.

¿El problema fue la forma de comunicarlo o la cuestión de fondo? En otros términos, algunas autoridades del Poder Judicial se molestaron porque no consideran oportuno que a través de la prensa se cursen los reclamos del gremio de los jueces y funcionarios judiciales.

A decir de Beatriz Sarlo, en ocasiones se utiliza a los medios como “mesa de entrada del Poder Judicial”. Pero si la “denuncia” con esta modalidad mediática 
es de los propios integrantes de 
la Justicia, la molestia es considerable.

El reclamo, que este diario publicó anticipado, sobre un supuesto colapso en el fuero penal, reiteraba lo que se venía diciendo en todo 2016 sobre el aumento de la litigiosidad a raíz de la incorporación de causas correccionales, más otros expedientes que se sumaron a la tarea diaria de los camaristas y fiscales de acusación en juicio.

Más allá de haber sumado en los últimos años la Cámara 12ª del Crimen, la acumulación de trabajo con las causas por narcomenudeo ya había abarrotado de papeles los despachos de Tribunales 2.

También llegaban causas por incumplimiento de cuota alimentaria, con lo que eso significa.

Lo que ayer le hicieron saber al juez Capdevila sus superiores, según él reconoció a la salida de la reunión, es que la molestia se debe a que el TSJ ya venía trabajando en esos reclamos y al parecer están avanzadas algunas soluciones para descomprimirles el trabajo a los jueces y a los fiscales de cámara.

Tomando distancia de la “filtración”, el vocal se mostró optimista respecto de algunas salidas que comienzan a vislumbrarse: que los fiscales de Instrucción realicen la acusación en juicios menos complejos; que se hagan algunos abreviados en instrucción y se alivien tareas administrativas con la implementación de la Unidad de Gestión de Audiencias (UGA), que pasaría a tramitarle a las cámaras los pormenores de un juicio oral.

“Rescato que el Tribunal Superior estaba buscando alternativas para normalizar esta situación y encontrar soluciones”, manifestó Capdevila tras la reunión con los vocales.

El miércoles, al abrir el año judicial en Río Cuarto, la presidenta del TSJ, Aída Tarditti, lanzó en su discurso una frase opacada por otros titulares: “Los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán considerar que la autarquía presupuestaria integra la independencia del Poder Judicial”.

El permanente juego de fuerzas entre los poderes del Estado provincial se percibe día a día en el Palacio de Justicia y fuera de él.

Más allá de que se critique la subordinación que el Poder Judicial pudiera tener, el Ejecutivo no deja de jugar sus fichas para tener supremacía en esa relación.

La presidenta del TSJ también dijo en Río Cuarto que esperaba que el Poder Legislativo sancionara proyectos que están pendientes de tratamiento hace largos meses.

Uno de ellos solucionaría tres aspectos fundamentales para conferirle agilidad a la administración de Justicia en el fuero criminal: la reglamentación del artículo 59, la implementación de la UGA y la oralización del sistema de prisión preventiva.

Con esos tres instrumentos, admitió Capdevila, la tarea judicial se descomprimiría de manera considerable.

Pero si una "filtración" a la prensa pareció mostrar tensiones en la Justicia  ad intra, tal vez estas sean mayores ad extra.

En otros ámbitos del Palacio, se quejan porque desde el Ejecutivo demoran el tratamiento de ese proyecto en la Legislatura, acaso a la espera de abordar otra iniciativa incierta, que no llega.

Este y otros ejemplos no hacen sino exhibir un estado de efervescencia permanente, que crece en intensidad a medida que transcurre el tiempo.

No son pocos los voceros judiciales y extrajudiciales que advierten de que a medida que avance el año, judicial y electoral, la “interna” entre poderes cobrará mayor agudeza.

Como mar de fondo, se vislumbra un claro objetivo en torno de esta controversia: la lucha por la silla de fiscal General de la Provincia, que en 2018 estará vacante.