Droga, traiciones y mentiras
Desde que asumió, a fines del año pasado, esta es la peor época para Ramón Frías y una de las más complicadas para la Policía que comanda.
Desde que asumió, a fines del año pasado, esta es la peor época para Ramón Frías y una de las más complicadas para la Policía que comanda. Una situación casi comparable a escándalos de años atrás, cuando se vinculó a uniformados con bandas de secuestradores, asalta bancos, ladrones de fábricas y domicilios...
Sin embargo, hacía tiempo que no había un escándalo de tamañas proporciones y consecuencias impredecibles.
El balazo que acabó, el sábado, con la vida de un oficial de Lucha contra el Narcotráfico fue el corolario de una semana complicada para la honestidad que se pretende de la Policía. El oficial decidió quitarse la vida y lo dejó escrito.
Juan Alós había sido vinculado y era investigado por la Justicia Federal en una compleja causa iniciada contra policías de Drogas Peligrosas, luego de que un informante asegurara que él participaba como agente encubierto y afirmara que algunos pesquisas tenían vínculos con narcos y que “robaban” droga de operativos callejeros.
Tan grave fue la denuncia del “buchón” que el jefe de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, fue puesto en licencia junto con otros dos oficiales. Todos son investigados por el fiscal federal Enrique Senestrari. A su turno, su par Gustavo Vidal Lascano confirmó que también investiga a más efectivos.
Sosa no es uno más. Fue puesto por Frías (con la venia del ministro Alejo Paredes) para que combata el narcotráfico y luche contra el narcomenudeo. Tamaño trabajo.
La partida de “Rafa” es más que la primera baja de los altos cargos de la Policía de Frías. De comprobarse que delinquió, será un duro revés para la fuerza y para el Gobierno. Nadie quiere que Córdoba quede como Rosario, con una Policía vinculada a narcos.
Desde el Gobierno de Córdoba restan validez a las denuncias y, off the record , apuntan contra la supuesta honorabilidad de integrantes del programa televisivo ADN , que realiza informes sobre narcos y policías. En esa marco, si el Gobierno tiene sospechas contra comunicadores o fiscales federales, el camino más razonable es probarlo ante la Justicia y no ventilarlo ante la opinión pública.
En este complejo meollo, no es menos importante el papel de la Justicia Federal, una institución lenta, controvertida y que quedó mal parada cuando desde su edificio se robaron cocaína y dinero. Tampoco pareció efectiva para controlar el tráfico de droga, mientras el tema estuvo exclusivamente bajo su órbita. Por otro lado, hay decenas de abogados que se preparan para plantear nulidades de secuestros de drogas realizados por los policías.
A todo esto, el gobernador José Manuel de la Sota no habla del tema. Pero está muy atento del devenir de los hechos. Las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina y nadie quiere en Casa de Gobierno un escándalo.
Habrá que ver qué sucede esta semana. Si la causa avanza y la Justicia dispone alguna medida o si las cosas siguen su curso, desinflándose (como el caso del ingeniero Marcelo Arias) hasta que un nuevo escándalo salte a primera plana.

