Cuestionan el plan que busca flexibilizar allanamientos por drogas

La defensora pública de la Justicia Federal en Córdoba, Mercedes Crespi, consideró que es “abiertamente inconstitucional” el plan piloto que se implementará para flexibilizar los allanamientos de domicilios por casos de drogas, los llamados "quioscos".

La medida se extenderá un mes y fue avalada el juez federal Nº 2, Alejandro Sánchez Freytes, y el fiscal federal Nº 3, Gustavo Vidal Lascano, quienes precisamente estarán de turno en mayo.

Con este nuevo sistema, que arrancará el mes próximo, la Policía de Córdoba no tendrá que cumplir tantas exigencias a la hora de allanar un domicilio sospechoso. Se trata de un plan en etapa de prueba, que viene a simplificar las exigencias del Código de Procedimiento Penal.

"Es conocido el reclamo de los policías. Y en parte tienen razón. Creemos que al simplificar las condiciones, se dará más agilidad a una investigación", dijo ayer Vidal Lascano.

Según Crespi, este plan es “abiertamente inconstitucional porque cualquier persona denuncia a cualquier persona y tiene un allanamiento asegurado sin ninguna otra prueba que avale las sospechas”.

“Con esto se desvirtúa completamente lo que el legislador quiso al establecer el Código Penal Procesal, porque la investigación según el Código tiene que ser dirigida por el fiscal o el juez y acá en Córdoba va a ser la Policía la que va a traer el caso a la Justicia”, señaló.

"Además, simplificar o agilizar la investigación no garantiza mayor efectividad", agregó en diálogo con La Voz.

Por su parte, el jefe de Policía, Alejo Paredes, avaló la medida ya que consideró que permitirá al personal policial tener mayores facilidades para combatir el narcotráfico.

“No estamos diciendo que se va a allanar sin pruebas sino de tener una prueba mínima para garantizarnos un buen resultado”, explicó Paredes a Radio Universidad.

Explicó además que “todas las actuaciones se realizarán dentro del marco de la ley” y aclaró que se está “trabajando para flexibilizar los requisitos para hacer allanamientos que se van a tener que justifica”.

Plan piloto. Para Paredes, esta medida refleja "las grandes dificultades" que afronta la policía para poder allanar los "quioscos" en los que se venden estupefacientes.

"De todos modos, no es que por una simple denuncia telefónica anónima la Policía pueda ir y tirar una puerta abajo como si nada. No va a ser así. No se vulnerarán las garantías individuales", aseguró el fiscal.

La medida será para investigar puntos de venta de droga en "zonas rojas" de la ciudad. Ya no será necesario chequear a tantos compradores para luego allanar. Todo será más rápido. "Eso hará que muchos vecinos se pongan contentos con nuestro trabajo", dijo un policía.