En los tiempos del coronavirus, los Tribunales de la ciudad de Córdoba parecen registrar una actividad por demás atípica, cuyo sentido no se alcanza a descifrar en una coyuntura tan cambiante como imprevista.
En la Justicia provincial, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio Público Fiscal comenzaron el receso judicial extraordinario del fuero penal limitando la tarea de las unidades fiscales y con un quehacer restringido prácticamente a las causas por violación de la cuarentena. Ese esquema estalló a los pocos días y pronto se adecuó a un nivel de mayor actividad, con la creación de la Unidad Fiscal de Atención Inmediata -más otras fiscalías- que sumaron a funcionarios judiciales.
Pero los abogados están disconformes con ese esquema restringido y quieren volver a trabajar, haciendo que retornen a la actividad el grueso de los funcionarios y magistrados, para que se activen los procesos más complejos. Señalan que la escasa actividad se ocupa de algunos casos de menor envergadura que "no mueven el amperímetro", como algunos juicios abreviados por delitos de poca monta y condenas condicionales.
Los letrados quieren volver a litigar y así lo han entendido tanto el colegio local como los del resto de la provincia, la federación que los agrupa y la entidad a nivel nacional.
Si bien reconocen la necesidad de preservar la salud de la población, entienden que ellos deben ser exceptuados de las restricciones, para integrarse a la dinámica judicial. Consideran que la Justicia es un servicio esencial que no debe cortarse, por lo que reiteran que es preciso ret omar la actividad con las precauciones del caso.
Sostienen los abogados que el teletrabajo puede continuar con la suma de más funcionarios, fiscales y jueces, más allá de que muchos critican la mediatez tecnológica, porque no estaría garantizado el derecho de defensa. No es lo mismo para un defensor tener una conversación con su pupilo en un ámbito privado que por teleconferencia. Y tampoco es igual acceder al expediente momentos antes de la indagatoria, según se quejan los letrados.
Mientras tanto, hoy el grueso de la tramitación tribunalicia se reduce a algunas oficinas... u hogares. El trabajo a destajo de la Cámara "coronavirus" gestiona "cientos" de pedidos de prisiones domiciliarias desde las cárceles. Salvo rarísimas excepciones, esas solicitudes se encuentran con la negativa. Algo parecido ocurre con los juzgados de Ejecución.
Desde los presidios, la efervescencia es creciente y se mantiene un clima de conflicto latente que preocupa a los internos, a sus familiares y a los propios responsables de la custodia de estos detenidos.
Hace casi un mes que los presos no ven a sus familiares y piden teléfonos celulares para comunicarse y mejorar el ánimo. El fin de semana pasado comenzaron las comunicaciones vía Skype, que levantaron en algo el humor de una parte de la población carcelaria. ¿Será posible que esto siga cuando termine la cuarentena?
La pregunta que surge ante todo esto es cuánto es lo que soluciona este esquema para las necesidades del servicio de justicia.
También puede plantearse el interrogante: ¿a quiénes les sirve?
