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A raíz de las amenazas de muerte a la familia de Sergio Massa, 10 imputados se declararon culpables

El Juzgado Federal 2 de San Isidro les impuso la realización de tareas comunitarias y donaciones por montos que oscilan entre $20.000 y $200.000 como probation.

06 de mayo de 2023 a las 11:40 p. m.
A raíz de las amenazas de muerte a la familia de Sergio Massa, 10 imputados se declararon culpables
Por amenazas de muerte a la familia de Sergio Massa, 10 imputados se declararon culpables (Claudio Gutiérrez / Los Andes)

La causa comenzó en septiembre de 2020 cuando el actual ministro de Economía, Sergio Massa, denunció que desde la oposición hicieron público su número de teléfono y que a raíz de eso recibió varias amenazas de muerte contra él y su familia a través de WhatsApp.

El por entonces presidente de la Cámara de Diputados sostuvo: “Me llegaron más de 460 mensajes de remitentes desconocidos y voy a hacer una denuncia judicial”. Tres años después, la Justicia determinó que los imputados cumplan una probation.

Sergio Massa, Ministro de Economía de la República Argentina
Sergio Massa, Ministro de Economía de la República Argentina (Los Andes)

Los diez responsables que se identificaron tras la denuncia fueron: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.

Luego de la investigación “se encontraban suficientemente demostradas las autorías y responsabilidades penales” de los acusados, por lo que la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

Una vez de que los diez imputados en la causa se reconocieran culpables, el Juzgado Federal 2 de San Isidro les impuso el cumplimiento de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

Así, los acusados tendrán registrado el hecho en sus antecedentes penales. Además, deberán realizar donaciones a la Asociación Civil “Pequeños Pasos” por montos que varían entre $20.000 y $200.000.

La diferencia en materia de importes a donar se debe a que, como detalló la Fiscalía, “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”. De igual manera la condena no dejo muy conforme a las victimas.

En función de la situación puntual de cada uno, los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazante y realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos.