Volver por la lenta y peligrosa ruta de la regulación

Desregulado a comienzos de la década de 1990, el transporte de granos adquirió agilidad y eficiencia en el marco de la libre competencia. En todo este tiempo, un registro único nacional obliga a los transportistas a inscribirse y los habilita a cargar en cualquier punto del país. Más allá del anhelo de algunas cámaras que los agrupan, no hay tarifas obligatorias ni registros provinciales que otorguen un privilegio a los camioneros locales por encima de los "foráneos". A tal punto que los instrumentos diseñados por las provincias con tales intenciones hoy están bajo la lupa de la Justicia. Esto sucede en Córdoba, donde se promulgó el decreto 560/2011 que dispone la creación de registros locales y que tiene una presentación de inconstitucionalidad. Quienes decidieron llevarlo a Tribunales consideran que atenta contra la libertad de contratación.Lo que comenzó días atrás como una protesta en las terminales portuarias bonaerenses, por parte de una federación local que reclamaba la actualización de la tarifa en esa provincia, se extendió a los puertos de Rosario, a través de una filial santafesina, en un intento por nacionalizar la protesta. La estrategia no encontró, al menos con estos intérpretes ligados a Hugo Moyano, el objetivo deseado de una mayor intervención estatal. Incluso transportistas de Córdoba y de Santa Fe, que habían acordado una actualización en el valor de la tarifa –que no era obligatoria– elevaron sus quejas por estar en contra de la medida. Aseguran que el derecho que tienen algunos de reclamar se da de bruces con el que tienen otros de trabajar.