Una ley que es criticada desde antes de su sanción

El 14 de mayo, el gobernador José Manuel de la Sota anunció que entre sus prioridades inmediatas en políticas de seguridad iba a mandar a la Unicameral dos proyectos para luchar contra la trata de personas y el narcotráfico. Con rapidez, los legisladores aprobaron ambas propuestas y menos de un mes después, el 8 de junio, comenzó a regir en la provincia la ley 10.060, de "Lucha contra la trata de personas".Se trató de una idea que la secretaria antitrata, María Amelia Chiófalo, ya había elaborado cuando fue legisladora durante el gobierno de Juan Schiaretti. Tal vez, su punto más favorable y que menos difusión tuvo sea la propuesta de educar sobre qué es la trata de personas. Concientizar en las escuelas sobre cómo operan las redes y de qué manera se valen de los prostíbulos. El resto de la ley, la parte más difundida y promocionada, fue la que más críticas recibió. Por un lado, se superpone a dos leyes que existen desde hace años y que, si son bien ejecutadas por la Justicia y la Policía, son claras para combatir la explotación sexual ajena. La primera, es la ley de profilaxis, la 12.331 que es de competencia de la justicia de cada provincia. Prohíbe la existencia de "casas de tolerancia" y reprime a los que las sostengan, administren o regenteen. No obstante, pulularon en Córdoba prostíbulos encubiertos en diferentes nominaciones (burdeles, cabaré, whiskerías, clubes nocturnos), algo que la nueva ley provincial busca combatir. En realidad, no hacía falta, ya que cualquier buena investigación puede determinar que en esos lugares existe explotación del trabajo sexual. "Controles". Sin embargo, durante más de 70 años la Policía (la misma que debe hacer cumplir la ley 10.060) sólo pasó para "controlar" la mayoría de esos locales. Los mismos que fueron, en muchos casos, habilitados por los municipios locales, que se amparaban en las denominaciones de fantasía para justificar su apertura, pese a que todos los pobladores sabían lo que allí efectivamente se hacía. "La problemática de la trata no puede ser entendida ni analizada por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial", advirtió en su informe de 2011 la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas.La segunda ley con la que se superpone es la 26.364, que tipificó en 2008 el delito de trata de personas, de competencia de la Justicia Federal. En la mayoría de los procedimientos ordenados actuó la Policía cordobesa. Sin embargo, en la causa de mayor envergadura de este año, en marzo se clausuraron tres prostíbulos "históricos" del centro de la ciudad de Córdoba. De manera sugestiva, para ejecutar los operativos se llamó sólo a Gendarmería. Entonces, ¿a qué vino la nueva ley provincial? Aportó mayor velocidad y menos investigación –al igual que los casos de narcotráfico– a la Policía local para que cierre todos los prostíbulos. Pero, no distinguió de manera clara, por ejemplo, si las cooperativas de trabajadoras sexuales podían funcionar (en esos casos, no existe explotación ajena). Fue así que desde la asociación de meretrices denunciaron en reiteradas oportunidades que lugares formados sólo por las mujeres habían sido objeto de clausuras. Pese a que con la nueva ley se cerraron 200 prostíbulos, no se ha conocido ninguna causa judicial seria contra los proxenetas o que hayan sido rescatadas mujeres sometidas por redes de trata. Primero se allana y después se investiga. En caso de encontrar algún elemento comprometedor, se gira lo actuado a la Justicia provincial o Federal. Sólo en Río Cuarto el dueño de un cabaré fue procesado por el supuesto delito de promoción y facilitación a la trata.Tampoco se han atacado, hasta ahora, las condiciones de fondo que en muchos casos empujan a las mujeres a la prostitución.