Una cumbre extraña

Será una cumbre extraña. No habrá encendidas peleas por falta de púgiles o de conflicto. Hugo Chávez terminó por decidir su ausencia, como había anticipado la suya su contraparte Álvaro Uribe. Tampoco podrán trenzarse Uribe y Rafael Correa, como sucedió cuando la incursión militar de Colombia en territorio de Ecuador. Ni será de la partida el clásico de los últimos tiempos: Argentina y Uruguay por Botnia.

Riñas como esas y otras marcaron a fuego cada una de las últimas cumbres. La política-política impuso su supremacía sobre la razón primigenia de ser del Mercosur: un bloque económico-comercial.

Chávez desistió de asistir a último momento. La razón habría sido hacer un paréntesis en la escalada del conflicto que llevó a la ruptura de relaciones con Uribe. La pista la dio el canciller venezolano Nicolás Maduro cuando priorizó el ámbito de la Unasur sobre el del Mercosur para un acuerdo. Descomprimió hacia el inminente sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.

Así, en esta cumbre, la política se hizo a un lado. Dejó lugar a decisiones que suponen un avance en el postergado objetivo de ir hacia una unión aduanera. La eliminación, aunque gradual (concluirá en 2019), del doble cobro del arancel externo común y la redistribución de la renta aduanera (obvio reclamo de compensación de Paraguay por su mediterraneidad), van en esa línea.

El Mercosur nació en 1991 como un área de libre comercio. Recién en 1994, con el Protocolo de Ouro Preto, tomó la decisión política de orientarse hacia una unión aduanera, un estadio que supone mayor grado de integración económica. Pero lleva 16 años sin terminar de concretarla.

No parece tener la misma suerte la segunda cuestión orientada a construir la unión aduanera. Hasta anoche parecía imposible terminar de acordar el Código Aduanero. La piedra de la polémica eran las diferencias en torno a una cuestión que ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de los Kirchner: las retenciones.

De arribarse anoche a un acuerdo al que se resiste Uruguay, Argentina podría ver convalidada en la normativa del Mercosur su política de derechos de exportación. Un respaldo político-institucional más oportuno para el Gobierno, cuando la oposición y el sector agropecuario han retomado la iniciativa para podar las retenciones.