Una causa que se politiza cada vez más

"De la Sota no puede hablar de seguridad... si nosotros le detuvimos a su jefe de Drogas Peligrosas porque tenía conexión con el narcotráfico". Eso dijo con vehemencia el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, semanas atrás. La revelación del funcionario kirchnerista fue durante una áspera discusión con el gobernador José Manuel de la Sota en un canal de televisión, el pasado miércoles 20 de mayo. Al manifestar que él había detenido al comisario Rafael Sosa, preso en Bouwer desde septiembre de 2013, Berni no hizo más que traer a la memoria la supuesta utilización política (como acusó en su momento De la Sota) de Juan "el Francés" Viarnes, el agente encubierto que denunció a toda la cúpula de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.El enigmático denunciante declaró durante varios días ante Navarro y el fiscal Enrique Senestrari, contando una serie de circunstancias gravísimas.Otra cuestión que podría incidir en el momento del juicio a los policías es que sus defensores jamás pudieron participar de las indagatorias a Viarnes.Hay antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consagraron de manera inequívoca el rango constitucional del derecho de todo imputado a confrontarse con los testigos de cargo en causas penales. Lo sostuvo al anular un fallo en el que un imputado de apellido Benítez fue condenado por los dichos de una persona que lo acusó de agresión y de un testigo. Estas dos personas jamás aparecieron en el juicio y por eso la Corte revocó la sentencia. ¿Qué sucederá si el prófugo Viarnes no es encontrado para ratificar sus acusaciones frente a los jueces? ¿Qué pruebas ajenas a la denuncia de Viarnes existen en torno del narcoescándalo? Hasta ahora, nadie lo sabe. ¿Qué papel jugó Berni? Ahora bien, Berni afirmó públicamente que fue quien detuvo a Sosa. Esto significa que el secretario de Seguridad de la Nación estuvo al tanto de la existencia del "arrepentido"; es más, afirmó que participó personalmente en la operación. ¿Quién informó al funcionario nacional? ¿Quién le dio participación en una causa y reveló secretos a un extraño que nada tenía que ver ni tenía por qué conocer lo que se estaba investigando, cuando se había decretado el secreto del sumario?Frente a las expresiones de Berni, el abogado Gustavo Franco, defensor del comisario Sosa, remitió una nota (el pasado 22 de mayo) al funcionario nacional.El penalista aludió a la "seria discusión con el gobernador de la Provincia de Córdoba, en el curso de la cual usted expresara textualmente y en forma reiterada '… yo le detuve a su jefe de Drogas…' y expresiones de similar contenido".Y agregó Franco: "Atento a que nuestro sistema de gobierno prohíbe terminantemente al Poder Ejecutivo el cumplimiento de funciones judiciales tales como la privación de libertad de las personas, solicito que en el plazo máximo de 96 horas de recibida la presente ratifique o rectifique sus términos en dicho sentido, a los fines de adoptar las medidas pertinentes". Hasta la fecha, Berni no respondió al abogado que representa al policía sospechado.Una causa colateral a la del narcoescándalo también generó un enfrentamiento entre la Justicia federal y la provincial: la muerte del policía Juan Alós.El oficial apareció muerto el 7 de septiembre de 2013, antes de la detención de los policías, con un disparo en la cabeza dentro de su auto. Intervino el fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Emilio Drazile.La autopsia arrojó que fue suicidio y el proyectil quedó incrustado en el interior del vehículo. El fiscal Senestrari reclamó a Drazile que le enviara el expediente porque sospechaba que podía tratarse de un homicidio. La imputación a Drazile A partir de la negativa del fiscal de Alta Gracia, se generó una polémica. Se acusó a Senestrari de tener una finalidad política. Finalmente, Senestrari imputó a Drazile por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Defendiendo la teoría del crimen, el fiscal federal ordenó una segunda autopsia. Su hipótesis se desmoronó: sus propios peritos confirmaron el suicidio.Senestrari volvió a insistir. Dudaba de que la muerte del policía se hubiera producido dentro del auto. Luego, la pericia balística realizada por la Policía Federal en Buenos Aires confirmó que Alós se mató y el proyectil causante de su deceso fue el que estaba incrustado en el auto. El fiscal federal no tiene más margen para sostener el homicidio.Por otro lado, en plena campaña electoral, el pasado miércoles 20 de mayo, en el marco de un seminario sobre narcotráfico y lavado de dinero, la camarista Liliana Navarro sostuvo que a partir del narcoescándalo la Provincia no investigó más a los grandes traficantes, los que han tenido dos años de ventaja para extender sus territorios por toda la ciudad.Habló de la violencia y de la inseguridad y de la ola de asesinatos por ajuste de cuentas entre narcos. Y, además, fustigó a la Justicia provincial porque hacía procedimientos y no los remitía a la Justicia federal.En cuestión de horas, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, salió al cruce de la camarista federal. ¿Cuál será el próximo round de la pelea entre las justicias federal y provincial?