Un tercio de la Justicia provincial se equipara con la Justicia Federal

A partir del 1° de enero próximo debería regir por ley la equiparación salarial entre la Justicia provincial y el fuero federal, lo que implicará que los magistrados cordobeses percibirán un sueldo equivalente al 90 por ciento del que cobran sus pares de la Nación. De los 6.327 integrantes de la Justicia provincial, 1.815 se beneficiarán con la equiparación, lo que representa un 29 por ciento del total de integrantes de ese poder. Todos los beneficiados continuarán sin pagar el Impuesto a las Ganancias, un privilegio que ahora reclama el gremio judicial para los empleados del sector.La equiparación fue sancionada por la Legislatura Unicameral de Córdoba el 29 de diciembre de 2009 a través de la ley 9.725, cuyo proyecto fue enviado a Poder legislativo por el entonces gobernador, Juan Schiaretti.La adecuación salarial se fue realizando de manera progresiva y para llegar a la equiparación prevista, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, según relataron fuentes del alto tribunal a este diario, deberían tener un último aumento del 10 por ciento antes de enero. En lo que va del año, los magistrados ajustaron sus sueldos un 29 por ciento. Acordadas. Pero, a tenor de las acordadas emitidas por la Corte Suprema de la Nación, el 20 de diciembre pasado, se dispuso una mejora salarial del cinco por ciento a partir del 1° de noviembre, y otro aumento del cinco por ciento retroactivo al 1° de octubre, en ambos casos remunerativos para todas las categorías del Poder Judicial de la Nación No obstante, altas fuentes judiciales descartaron que la equiparación –ya sea con un 10 o un 20 por ciento de ajuste– se pueda efectivizar con los sueldos de enero próximo. En una semana se inicia la feria judicial y hay que definir aspectos complejos como la computación de la antigüedad, ya que existen diferentes formas de calcularla entre la Justicia provincial y la Federal. En la Corte la antigüedad no tiene tope y representa un adicional del tres por ciento anual. En el Tribunal Superior existe un tope de 30 años y tiene un valor del dos por ciento anual.Según fuentes gremiales, los miembros de la Corte ganan entre 60 y 70 mil pesos mensuales. El récord en antigüedad lo tiene Carlos Fayt (92 años), quien cobraría algo más de 100 mil pesos mensuales. Pero en la equiparación con el fuero provincial, no se consideraría lo que perciben en antigüedad sus pares nacionales o se fijaría un promedio.Además, aunque la ley 9.725 obliga al Ejecutivo a hacerla operativa a partir del 1° de enero, el Ministerio de Finanzas deberá readecuar las partidas, debido a que el presupuesto de 1.551 millones de pesos asignado al Poder Judicial no prevé la equiparación de los magistrados.La equiparación implica que un vocal del Tribunal Superior de Justicia, que actualmente cobra un sueldo de bolsillo de 36 mil pesos mensuales, pasará a percibir el 90 por ciento de lo que cobra un miembro de la Corte Suprema. Si se realiza un ajuste del 20 por ciento, un vocal del Tribunal Superior pasaría a cobrar casi 43.200 pesos. Camaristas, jueces, fiscales, secretarios y hasta prosecretarios letrados también se equipararán al 90 por ciento de lo que cobran sus pares nacionales.Pero además de la feria de enero y la cuestión de la antigüedad, los máximos responsables del Poder Judicial son concientes que en medio de reclamos salariales, no es el momento más oportuno para plantear una suba del 20 por ciento a menos de 10 días del inicio del año nuevo.Ante la proximidad de la equiparación, el gremio judicial que encabeza Irina Santesteban volvió a la carga con la implementación de la porcentualidad para los empleados. Es decir, que desde jefe de despacho hacia abajo cobren un porcentaje de lo que percibe un vocal del Tribunal Superior. Señalan, por caso, que en Santa Fe los empleados están enganchados al 70 por ciento de lo que gana un camarista. Aspiración. La pretensión del gremio, que incluye también ser exceptuados del pago del Impuesto a las Ganancias, está lejos de ser aceptado por el alto tribunal. Si bien el cuerpo que preside Domingo Sesín aceptó conformar una comisión formal de discusión salarial, la inclusión de una cláusula de "paz social" –que les impide a los empleados realizar medidas de fuerza mientras se negocie– motivó el rechazo del sindicato judicial que se prepara para dar batalla.