Un papelón sin responsables externos

Luego de muchas idas y vueltas, el Gobierno decidió hacerse cargo de la administración de la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Iniciativa que demandará una fuerte inversión, en un contexto de escasez de recursos para las arcas provinciales.

Con la Nueva Terminal, José Manuel de la Sota heredó un problema de su socio político, el exgobernador Juan Schiaretti.

Al edificio debieron resolverle serios problemas estructurales. Pero, además, requiere de una inversión de más de 50 millones de pesos para funcionar a pleno.

En los primeros días de su gestión, De la Sota advirtió que la Provincia no estaba en condiciones de financiar estas obras.

Esta realidad se agudizó luego del quiebre de la relación política del gobernador con la Casa Rosada. “Estamos obligados a vivir con lo nuestro”, suele graficar el mandatario provincial.

De todos modos, De la Sota estaba empecinado con que la Nueva Terminal estuviera funcionando en su totalidad para este verano. En este contexto, surgió la idea de convocar “de urgencia” a un concurso de proyectos.

Como el Gobierno quería apurar los tiempos para tener cuanto antes la terminal en pleno funcionamiento, se pergeñó un concurso de proyectos para evitar el engorroso, pero más transparente proceso de la licitación pública.

Según los funcionarios provinciales, la concesión de la administración de los dos edificios (el nuevo y el viejo) de la Terminal es un negocio muy rentable.

Sin embargo, hubo sólo tres oferentes que se presentaron en el concurso. Uno, Terminales Terrestres Argentinas, cuyo accionista principal es Teba, quedó afuera del concurso en el primer paso del proceso, ya que no presentó el pago del impuesto a los sellos.

Este grupo empresarial era el que más experiencia acreditaba en el rubro, por cuanto administra las terminales de Retiro, Once y Mar del Plata.

Por lo bajo, los funcionarios delasotistas se mostraban contentos con que Teba hubiera quedado fuera de carrera, ya que relacionaban a esta empresa con el exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Pero los problemas no terminaron allí. De los dos oferentes que quedaron, el grupo Tarje Bus fue el que hizo la mejor propuesta, tanto en monto de inversión, como en menor plazo. Aunque a este grupo lo integran empresarios del transporte de pasajeros, algo expresamente prohibido en el pliego de condiciones.

Este detalle no menor fue resaltado por este diario en distintas notas.

De todos modos, la comisión de preadjudicación que integran el ministro de Transporte, Dante Heredia, y el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, dictaminó a favor de Tarje Bus.

Luego, los asesores legales del Gobierno le advirtieron al Gobernador que si los oferentes recurrían a la Justicia iba a quedar claro que no se respetó el pliego de condiciones.

Ante la posibilidad de un escándalo político, De la Sota aprovechó la escasa atención pública del último día del año para anunciar que declaraba desierto el concurso.

Desde el Centro Cívico suelen cargar las tintas contra la Nación por los problemas que tiene la Provincia. En este caso, el Gobernador no podrá buscar responsables externos.

El papelón del fracaso del concurso se debió a problemas propios de gestión, que dejan mal parado al ministro de Transporte Dante Heredia.