Un informe interno lapidario

"No se observa en ninguno de los expedientes un estudio razonable que avale la existencia de mayores costos", concluye el sumario administrativo realizado en abril de 2005 por el Ipam, que recomienda iniciar una investigación para "establecer la verdad real de los hechos", "deslindar responsabilidades y eventualmente disponer la instrucción del/los sumario/s administrativos y/o denuncia". En el informe del asesor legal del Directorio de Ipam Martín Nicolás Varela, se lee: "Como consecuencia legal directa o indirecta de las presuntas irregularidades de las que da cuenta el informe producido por la Gerencia de Administración, se habrían transgredido obligaciones impuestas por el artículo 17 de la ley nº 7.233, en cuanto que (...) el agente está obligado a: "a) La prestación personal del servicio con eficacia, responsabilidad y diligencia"; "b) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su estado oficial exige..."; y "j) Cuidar los bienes del Estado...".Allí culminó la investigación interna de la obra social, que remitió todas las pruebas a la Justicia, más precisamente a la Fiscalía Anticorrupción."En esos casos, habían funcionado bien las auditorías (rechazaban los pagos) y, sin embargo, dicho pago aparecía", recuerda el actual director de Apross, Rodolfo Rodríguez.Cuenta cómo a partir de entonces cambiaron todos los procedimientos de la obra social: "Nosotros instauramos un sistema contable de doble entrada en 2005. Antes, no había sistema contable. No había balances. Ahora está todo informatizado. Antes no se vinculaba el cheque con la orden de pago. Y, aunque no estamos obligados, desde 2008 certificamos los balances", señala el funcionario.Sin embargo, Rodríguez es contemplativo con las autoridades de aquellos años: "Todas las administraciones públicas, después del caos de 2000, se encontraron con situaciones impresionantes. Tuvimos que hacer muchos arqueos para determinar si teníamos superávit o déficit. Ahí descubrimos que hubo déficit de más de 60 millones en el año 2004, aunque esto tampoco era exacto, porque no había documentación suficiente que acreditara el resultado. Pero creo que, fundamentalmente, había más desconocimiento que mala intención".