Un golpe de timón para tapar otro escándalo

"No le vamos a entregar otro ministro a los K", fue la definición más escuchada en la última semana de boca de los funcionarios delasotistas. La frase apuntaba a edificar una supuesta operación política detrás de la detención de los responsables de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. Pero, a veces, la gestión no va de la mano con el voluntarismo político. Finalmente, el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía, Ramón Frías, debieron dar un paso al costado, después de que los principales funcionarios delasotistas se enteraron de que la causa judicial contra los uniformados avanzaba y agregaba nuevos imputados. En el Centro Cívico, esperaron en vano que el juez Ricardo Bustos Fierro volteara algunos de los pedidos de detención e imputación que solicitó el fiscal Enrique Senestrari, a quien el delasotismo acusa de estar al frente de una operación política, inspirada en la Casa Rosada.Cuando en el Gobierno provincial se convencieron de que no llegarían buenas noticias desde los Tribunales federales, quedó echada la suerte de Paredes y Frías.Según fuentes de la Justicia Federal, Senestrari estaría investigando una pista de tráfico de drogas que vincula a un personaje de la noche que tendría alguna relación personal con el ahora exministro de Seguridad.Hasta anoche, en el Centro Cívico el silencio era profundo. Aunque a media voz, algunos funcionarios admitieron que la investigación judicial es más comprometedora para Paredes que para Frías.De hecho, el jefe de Policía se quedará en el cargo hasta que el gobernador José Manuel de la Sota elija a su reemplazante. Embestida política Todos los gobernantes tratan de borrar con un cambio de ­timón lo que se dijo pocas horas antes. El miércoles por la noche, por instrucción que le llegó desde el Centro Cívico, el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Sergio Busso, acusó a Senestrari de estar al frente de una operación política, impulsada por los K.Más allá del intento del ­delasotismo de instalar esta discusión en la arena política, las renuncias de Paredes y Frías parecen darle la razón al fiscal de que algo grave está sucediendo en la división que investiga los delitos de tráfico de drogas.Tanto que, más allá de que el jefe de Gabinete, Oscar González, no dio nombres, hasta anoche daban por seguro que esa sensible división será conducida por un civil o un comisario retirado de la fuerza. Es lo que permite el proyecto de ley que el Gobierno provincial envió de apuro a la Legislatura.Diez días atrás, el programa televisivo ADN mostró posibles vínculos entre los responsables de Drogas Peligrosas y el narcotráfico. Más allá de que la Justicia deberá comprobar esta posible relación, las cámaras ocultas desnudaron al menos que la Policía provincial utilizaba ­oscuros personajes en sus ­investigaciones.Esto podría hacer caer una decena de causas que hoy están avanzadas y con varios imputados en los Tribunales ­federales. Estrategia Los funcionarios delasotistas admitían por lo bajo que podría haber "irregularidades" en los procedimientos de la ­Policía. Sin embargo, la estrategia del Gobierno fue tratar de instalar que la investigación judicial era fruto de una pelea política.El escándalo en la Policía puede tener repercusión en la campaña electoral que está en marcha. Los colaboradores más cercanos a Juan Schiaretti (cabeza de la lista oficialista) cuestionan por lo bajo la demora del gobernador en tomar "decisiones fuertes".Según los schiarettistas, si De la Sota apartaba de sus cargos a los máximos responsables del Ministerio de Seguridad y la Policía, "se ahorraba una semana de costo político".Cuando estalló el escándalo, el gobernador pidió informes sobre los policías apuntados por el fiscal Senestrari.La respuesta fue que estaban "limpios" de posibles vínculos con el narcotráfico. Entonces, se buscó una salida ­intermedia: los efectivos investigados pidieron licencia.Las versiones señalaban ayer que el gobernador estaba muy molesto con los autores de esos informes. Los policías están detenidos y la investigación judicial avanza hacia arriba y apunta hasta al propio Paredes.El nuevo cambio en el gabinete delasotista se produce en el arranque de la campaña. Esto preocupa al gobernador y también a Schiaretti.Tanto es así que los asesores de Martín Llaryora –cuarto candidato en la lista de Unión por Córdoba– adelantaron ayer que saldrán a pedir el voto por el intendente de San Francisco, pero que ni mencionarán a la administración delasotista.Pese a las malas noticias de las últimas horas, los funcionarios delasotistas no pierden el optimismo. Creen que el gobernador retomará la iniciativa política, al designar a un civil al frente de la División Drogas Peligrosas. Pero nadie sabe si la medida alcanzará para tapar un nuevo escándalo que obligó al gobernador a desprenderse de otro miembro de su gabinete, en plena campaña electoral.