Un “fantasma” acusado de crímenes de lesa humanidad

“Era un fantasma, no existía en ningún lado”. La historia secreta de la caída de un expolicía prófugo de la Justicia federal, acusado de delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa del campo de concentración La Perla, es casi una novela policial. Pero, como suele ocurrir con esta clase de personajes, la realidad termina siendo más siniestra que la ficción.

Ayer a media mañana, cuando los efectivos de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina (PFA) lo esposaron en su domicilio de calle Molleyaco 8083, de barrio Cerro Norte (cerca de la avenida Donato Álvarez), al noroeste de la ciudad de Córdoba, por fin los investigadores terminaron por conocer el rostro actual de Francisco Alfredo Corzo (60), quien se había convertido en una obsesión que los llevó casi hasta el fin del mundo.

Es que a través de los pocos datos que se sabían de él, un mes atrás, una comisión especial viajó hacia Santa Cruz, porque figuraba como empleado del Consejo de Educación de aquella ciudad.

Sin embargo, nadie lo conocía no lo había visto jamás, según apuntaron fuentes con acceso al caso. Un viaje del que los policías regresaron con las manos vacías, además de un gran desconcierto.

“Cobraba 20 mil pesos del gobierno de Santa Cruz, y figuraba como empleado del Consejo de Educación, pero allá todos aseguraron que jamás trabajó en ese lugar”, agregó otro de los informantes.

De nuevo, Corzo volvía a ser sólo un apellido sin rostro. Aunque pendía una orden de captura dictada por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría de Derechos Humanos bajo directivas de Soledad Mancini, era un misterio indescifrable.

“Desde 2011 para atrás, no figuraba en ninguna parte”, explicó una de las fuentes. Por eso, rastrearlo era más que dificultoso, ya que, al parecer, Corzo no había dejado huellas en ningún lado.

Pero, poco a poco el rompecabezas alrededor de él comenzó a unirse. Para ello, fue clave toda una investigación financiera en torno a Corzo.

De esta manera, los investigadores, entrecruzando datos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la unidad de fraudes bancarios de Banco de Córdoba, descubrieron que además del “sueldo” de Santa Cruz, también solía utilizar un cajero en la ciudad de Córdoba, de donde extraía cerca de 10 mil pesos por mes, siempre según las fuentes.

Para el resto, había elaborado todo una ingeniería económica. Utilizaba una camioneta 4x4 a nombre de otra persona que le firmó una autorización especial para que él pudiera conducirla y realizaba todo tipo de compras con una tarjeta de crédito también a nombre de esta persona, que le había librado una extensión (realizaba transacciones mensuales con gastos de entre seis mil y nueve mil pesos).

Se comprobó, también, que poseía dos documentos nacional de identidad, uno con domicilio en Santa Cruz y el otro radicado en la ciudad de Córdoba.

¿De dónde conseguía tanto caudal económico? ¿Por qué le continuaban pagando todos los meses? ¿Quiénes eran quienes le depositaban el dinero? Aún los interrogantes continúan abiertos.

Lo concreto que rastreando sobre todo la cuenta que utilizaba en el Banco de Córdoba, los investigadores de la Policía Federal Argentina llegaron ayer a la mañana al domicilio de calle Molleyaco.

Tras sortear las gruesas rejas, lo atraparon en el interior. En el domicilio, los efectivos hallaron una tarjeta especial de la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Debajo de la almohada, Corzo tenía una pistola nueve milímetros con el cargador completo.

Llamó la atención que en el domicilio de Corzo se haya encontrado una tarjeta expedida por la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Al parecer, con este cartón podía tener acceso a algunos beneficios.