Un costo que pagamos todos
Los conflictos que generan las expropiaciones pasan por un largo trámite jurídico y los montos se engrosan.
Pasada una década, los juicios más importantes que afronta el Estado provincial parecen responder a una misma causa motora: las expropiaciones. No deja de ser curioso y preocupante a la vez.
La lógica es simple: cada vez que el Estado afronta una obra de infraestructura de relativa envergadura, lo más probable es que haya expropiaciones de por medio. Por lo tanto, no debería sorprender que eso provoque pujas entre el expropiador y el expropiado.
El Estado identifica uno o varios inmuebles afectados, promueve una tasación e intenta acordar con los dueños de esas propiedades. A veces, el trámite marcha sobre ruedas y otras, se complica. Pero los gobiernos siempre avanzan y los conflictos, si persisten, pasan derechito a un juzgado.
El problema es que el tiempo de vida de las causas suele ser bastante largo. Eso se traduce, en la mayoría de los casos, en costos crecientes para los contribuyentes.
No suelen hablar los funcionarios provinciales de estos temas. No hay un reporte específico, al alcance de cualquier ciudadano, que condense los juicios que afronta el Estado, un vacío que hemos pretendido encarar en nuestro Primer plano.
Encaminada en forma definitiva la disputa por el Palacio Ferreyra, hay otras nueve demandas importantes que el Gobierno detalló en el último prospecto que elaboró para los inversores dispuestos a prestarle dólares.
Lo debe hacer porque, cuando cumple esa formalidad, explicita en esas páginas todos los factores de riesgo que tiene que tener en cuenta el futuro acreedor, cualquiera sea el tenor.
No son las únicas causas que afronta el Estado provincial, pero están identificadas como las más trascendentes por los montos. Entre las expropiaciones cuestionadas suman, a valores históricos, 144 millones de pesos que, si se resuelven en contra, serán muchos más billetes por pagar.
