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Tecsa aún no aceptó la oferta municipal

Ayer, el Ejecutivo siguió negociando un plan de pagos de la sentencia por 123,2 millones de pesos. La discusión continuará el lunes. Los candidatos se cruzaron por las posibles vinculaciones con la firma

27 de agosto de 2011 a las 12:01 a. m.
Tecsa aún no aceptó la oferta municipal

La Municipalidad de Córdoba y la empresa Tecsa no lograron ponerse de acuerdo ayer sobre el monto total que la ciudad deberá pagarle a esa firma y al ABN Amro Bank por la fugaz prestación de servicios en el marco del contrato de Municipio Digital, que rigió entre 2001 y 2002, en la gestión del ex intendente Germán Kammerath.

Luego de casi una década de juicios por la rescisión del contrato, Tecsa logró dos sentencias judiciales a su favor. Una por 22 millones de pesos, que ya está siendo pagada por el municipio, y otra por 123,2 millones –más honorarios de 40 millones de pesos–, por la que días atrás impuso un embargo de 10,3 millones de pesos sobre las cuentas municipales. Restan 11 cuotas del mismo monto, y como el municipio no puede pagarlas, el intendente Daniel Giacomino optó por buscar un acuerdo con la empresa.

El acuerdo está trabado porque el municipio pretende que Tecsa y el ABN Amro Bank se hagan cargo de los honorarios de los abogados, alternativo que los demandantes rechazan. Todo lo demás está prácticamente definido: el acuerdo sería a 36 meses a pagar desde 2012, con un interés del 18 por ciento y con cuotas mensuales que no deberían superar los cuatro millones de pesos.

La negociación se está llevando adelante en Córdoba y por el municipio la gestión está en manos del asesor letrado, Carlos Varas.

Acusaciones mutuas. Luego de que el embargo de 10,3 millones de pesos de las cuentas municipales por parte de Tecsa y el ABN Amro Bank pusieran sobre el tapete la contratación que en 2001 hiciera Kammerath, comenzaron los cruces entre los candidatos a intendente respecto de ese contrato.

El primero en atacar fue Héctor Campana (Unión por Córdoba), quien acusó a la candidata Olga Riutort (Fuerza de la Gente) de haber cogobernado con Kammerath el municipio cuando ella ejercía como secretaria de la Gobernación en la gestión de su ex esposo, José Manuel de la Sota. Fue en ese momento en que la ciudad contrató a Tecsa, después de que la Provincia hiciera lo propio: la firma era la encargada de cobrar la moratoria impositiva provincial.

Para sacarse de encima esa acusación, ayer Riutort hizo una presentación judicial relacionada al caso Tecsa. Acompañada por el Gustavo Liebau, del equipo de sus asesores letrados, Riutort interpuso una medida cautelar ante la Justicia Civil de Córdoba, para intentar que la discusión por el contrato de Tecsa se lleve a cabo en la Justicia ordinaria –la sentencia de 123,2 millones de pesos fue dictada por el tribunal arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires– y para morigerar el pago de sumas millonarias por parte del municipio.

No obstante, ayer siguieron las acusaciones mutuas. Desde el juecismo recordaron que Tecsa estaba integrada por Relevamientos Catastrales SA, SP Consultores y Recovery SA, y que el socio fundador de la primera firma, Hermann Rodolfo Karsten, hoy es director ejecutivo de Kolektor, la empresa que en la actualidad tiene a su cargo el cobro de las deudas de Rentas, Epec, el ex IPV y las multas de la Policía Caminera. De este modo, recuerdan que el partido de Héctor Campana es quien tuvo los vínculos más estrechos con Tecsa.

El archivo tampoco deja afuera a Ramón Mestre padre, que siendo interventor de Corrientes contrató para el cobro de impuestos a una empresa que a su vez subcontrató a Karstec Servicios y Consultorías, propiedad también de Hermann Karsten. Con esto, los juecistas también intentan vincular al candidato radical a la Intendencia, Ramón Mestre hijo, con Tecsa.

Más allá de las vinculaciones probables o improbables del pasado, lo concreto es que será el próximo intendente de Córdoba quien deberá resolver cómo hará la ciudad para pagarle a Tecsa 123,2 millones, y para enfrentar además los honorarios profesionales de una década de litigio judicial, que superan los 40 millones de pesos.