Suiza desmintió un complot por el exhorto que involucra a Moyano

Buenos Aires. Suiza salió al cruce ayer de las denuncias del oficialismo sobre una presunta operación política para afectar a Hugo Moyano con el exhorto de la Justicia de ese país, relacionado con una investigación sobre presunto lavado de dinero de la empresa recolectora de residuos Covelia, a la que estaría vinculado el titular de la CGT. Moyano, por medio de su abogado, el ex juez federal Daniel Llermanos, amplió incluso los alcances perjudiciales de esa supuesta operación política cuando el miércoles denunció en los tribunales que todo se trató de una "estafa judicial".Pero el embajador de Suiza en nuestro país, Johannes Matyassy, echó por tierra con esas interpretaciones: "No hubo complot ni presión. Fue un trabajo de cooperación perfecto entre las cancillerías suiza y argentina", dijo en un reportaje en el sitio www.swissinfo.ch. Además, aseveró que "Argentina fue uno de los países que pidió en los foros internacionales que hagamos reglas más estrictas (sobre lavado de dinero). Las reglas cambiaron".La inexistencia de "presión" apuntó a desmentir que el Gobierno haya influenciado para que el exhorto volviera a Suiza ante falencias de procedimiento después que la noticia provocó una dura reacción política de Moyano con su convocatoria a un paro y acto en Plaza de Mayo de los que el viernes finalmente desistió.Según el embajador suizo, la jueza que abrió una investigación en su país el 24 de enero pasado por "movimiento dudosos" de dinero en una cuenta de Ricardo Depresbiteris y su esposa, Marcela Mete, directores de Covelia, localizó en Internet "distintos artículos periodísticos" argentinos en los que aparecía la empresa y su presunta relación con Moyano. A partir de allí libró el exhorto en el que requería información sobre las causas judiciales en las que aparece investigado el secretario general de la CGT."¡No hay complot ni nada parecido!", insistió el embajador, quien admitió que nunca había pensado que la noticia "iba a tener una explosión tal", como fue el paro y acto lanzado por Moyano. A partir de allí se comunicó en varias ocasiones con el canciller Héctor Timerman y convinieron en difundir los comunicados en los que se hizo hincapié en que la investigación suiza no se centraba en Moyano y familiares. "Ni siquiera la Cancillería esperaba esto", apuntó, después de negar que haya habido presión ("no es verdad") del ministerio a cargo de Timmerman para difundir esos comunicados.Los dichos del embajador desmienten también la denuncia que Moyano presentó anteayer ante el juez federal Norberto Oyarbide por supuesta "estafa procesal" en su perjuicio y de la propia Justicia argentina. Llermanos, abogado de Moyano, sostuvo en esa denuncia que el exhorto "fue estimulado a partir de información falsa que habría llegado a Suiza".De esa supuesto "operación" que buscaría perjudicar la alianza del Gobierno con Moyano, según Llermanos habrían participado la ex embajadora suiza en el país, Carla del Ponte, y el grupo Clarín. También un intendente del Gran Buenos Aires, al que no identificó, "llevando información a Suiza".Ayer Llermanos rehusó identificarlo ante una consulta de este diario y aclaró que la supuesta participación de un intendente oficialista granbonaerense no llegó a incorporarla a la denuncia, lo que podría hacer la semana próxima: "Necesito chequear el dato".Las sospechas apuntan al intendente kirchnerista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, socio político dentro del oficialismo del ministro de Economía, Amado Boudou. El joven intendente lomense tiene también fuertes vínculos con La Cámpora, la agrupación juvenil en ascenso dentro del esquema de poder gubernamental.

Morales criticó a los gremialistas. Transparencia. El jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, afirmó ayer que los dirigentes sindicales "deben dejar de utilizar al movimiento obrero para garantizar su impunidad" al tiempo que exigió "transparencia" en el manejo de los gremios.Ricos. El senador opositor cuestionó el nivel de vida de los gremialistas. "No puede ser que la Justicia y la Policía tengan que ir a detener a un dirigente de la Unión Ferroviaria (por José Pedraza) a Puerto Madero, a un departamento de dos millones de dólares. Algunos tienen que rendir cuentas de esto".