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Su verdadero nombre

La licuación de autoridad de la ­presidenta Cristina Fernández frente a un hecho de gravedad innegable es irrever­sible.

20 de enero de 2015 a las 12:01 a. m.
Su verdadero nombre

Con la muerte del fiscal Alberto Nisman, una riesgosa grieta se abrió entre gobernantes y gobernados de un país agobiado por la impunidad. La autoridad se construye en democracia sobre un elemental vínculo de confianza, de ida y vuelta, entre el poder y la ciudadanía. La constitución inicial del poder legítimo se sustenta en ese principio de credibilidad. El gobernado cree, en principio, que el gobernante habrá de decirle la verdad sobre la cuestión pública y actuará en consecuencia, aunque luego ese aporte a la gestación del poder político incurra en devaluaciones sucesivas.Desde hace años, esa razón fundacional para el ejercicio del poder ha venido herrumbrándose en Argentina. Durante décadas, el ciudadano común se fue acostumbrando a que los gobernantes le mientan, lo engañen, le oculten y ­omitan hechos y motivaciones que impulsan decisiones de impacto público. Mentiras sobre índices económicos, engaños sobre patrimonios ocultos, embustes sobre los innumerables y vastos pantanos de la administración.El límite es la incertidumbre, en la divisoria de aguas entre la vida y la muerte.Una sociedad no puede convivir con el miedo a que sus gobernantes le mientan sobre el más básico y ­elemental de sus derechos. El Estado democrático es la creación que entrevieron las sociedades para salir de esa condición salvaje.¿Nadie le cree a las instituciones del Estado si dice que el fiscal Nisman se mató? ¿Nadie cree si dice que lo mataron? Es el peor de los abismos para una sociedad democrática que aspire a su gobernabilidad.La licuación de autoridad de la presidenta Cristina Fernández frente a un hecho de gravedad innegable es irreversible. Se es jefe del Estado para conducirlo, no para verlo conducido, en regresión, al imperio de la duda y el temor. Antes que denunciada por Alberto Nisman, Cristina Fernández era también su presidenta. El fiscal murió hostigado por su poder y la Presidencia regó primero la muerte con un silencio viscoso. Luego difundió una carta en la que expuso el nudo de la posición oficial: Nisman se suicidó por las presiones de una conspiración que se inició con la manifestación contra el terrorismo en París. El oficialismo repitió el libreto. Exhibió sin pudores su voluntad de ensañarse con los despojos de Nisman. Como una falange enajenada por un cinismo carroñero que sólo después de un crimen desnuda su verdadero nombre. La oposición, que aguardaba para el lunes el informe del fiscal en el Congreso, osciló entre la condolencia y la confusión. La sociedad civil, autoconvocada, retomó las calles en las que ya impuso alguna vez al poder las condiciones democráticas de su permanencia, de sus límites y de su continuidad. Su decepción expuesta sin tapujos fue, por paradoja, el único atisbo de esperanza.