Sospechas que se agitan en el juicio en Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez recibió ayer la cuarta condena a prisión perpetua, a casi dos años de haber escuchado la primera, y mientras es enjuiciado en otro proceso que, por la abrumadora evidencia de pruebas, lo podría precipitar a la quinta sentencia antes de fin de este año. El calendario no le ha dado tregua desde 2008.

El martes estará otra vez en Córdoba compartiendo banquillo con el dictador Jorge Rafael Videla, en un juicio que recién arranca y que ya dejó abundante tela para cortar en función de un tema que introdujeron tanto las partes acusadoras cuanto los propios procesados: la conducta de funcionarios de la Justicia Federal durante la dictadura.

“Acá falta el juicio a los magistrados”, lanzó el martes la abogada querellante María Elba Martínez cuando le pusieron un micrófono. Se sumaba así al revuelo que provocaron los dichos de dos imputados.

Uno de ellos, Yamil Jabour, afirmó que la Justicia “no hizo nada” para investigar los hechos que ahora se les atribuyen; y que en la tarea represiva estaban “subordinados” a los juzgados federales.

Otros militares y policías que aún no han hecho uso del derecho a declarar seguramente tomarán el mismo libreto a partir del martes. Nada de esto exculpa a estos personajes de los delitos aberrantes que cometieron, pero la estrategia elegida para despistar viene a agitar viejas sospechas: ¿hubo jueces, fiscales, secretarios y funcionarios rasos obedientes al poder militar de aquellos años?

Es prudente aclarar que los letrados querellantes hacen sus reproches desde un escenario opuesto al de los represores, pero ellos también quieren que se verifique si un sector de la Justicia hizo la vista gorda frente a los secuestros, traslados de gente encapuchada y asesinatos.

Ya hay una causa en plena instrucción que involucra a ex magistrados de la dictadura, aunque este juicio puede salpicar a más miembros de la comunidad judicial federal.