Siete condenados en la causa de la Base Naval de Mar del Plata

La Justicia de Mar del Plata dictó hoy condenas de prisión perpetua para siete acusados de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Base Naval de esta ciudad, mientras que ordenó investigar la responsabilidad de funcionarios judiciales y policiales que no aceptaron habeas corpus ni denunciaron entierros de desaparecidos.

Los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo, integrantes del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, condenaron a trece represores a cumplir penas de entre tres años y prisión perpetua por delitos como homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y de tormentos agravados sobre 69 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina.

Las penas a prisión perpetua recayeron sobre los ex uniformados Alfredo Arrillaga, Juan Lombardo, Raúl Marino, Roberto Pertussio, Rafael Guiñazú, José Lodigiani y Mario Forbice, mientras que otros seis acusados fueron condenados a penas de 3 a 25 años de prisión.

En tanto se condenó a 25 años de prisión al marino Justo Alberto Ignacio Ortiz; a 14 años de cárcel a Julio Cesar Falke y a 12 años de prisión a Ángel Narciso Racedo. Los ex prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva recibieron 14 y 10 años de cárcel, respectivamente.

Auditor civil. El tribunal condenó a tres años de cárcel al único excarcelado en la causa, el ex auditor civil de la Armada Juan Carlos Guyot considerado ahora participe secundario de la desaparición y homicidio de Roxana Frigerio.

Respecto al pedido de la fiscalía y la querella por la revocatoria de arresto domiciliarios de los implicados -ya que el único que se encontraba en cárcel común era Arrillaga-, el Tribunal decidió resolverlo vía incidente a partir del 19 de abril cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Además de las penas, el tribunal ordenó que se investigue la posible responsabilidad o participación de civiles, jueces, fiscales, defensores y policías, en la comisión de delitos de lesa humanidad por ocultar pruebas como lo fueron los pedidos de habeas corpus o no dar cuenta del entierro de cuerpos en cementerios sin ser identificados.

El veredicto se dio a conocer esta tarde en la sala del tribunal ubicada en avenida Luro al 2400, en pleno centro marplatense, frente a un auditorio repleto de familiares de imputados, miembros de organismos de derechos Humanos y el secretario de Derechos Humanos bonaerense Guido Carloto.

Pedradas. Un solo incidente se registró en la puerta del tribunal donde se encontraban militantes de los organismos de derechos humanos: fue cuando un grupo del Movimiento Teresa Rodríguez lanzó piedras contra el frente del tribunal con consignas contra la justicia y el Gobierno y termino protagonizando algunos enfrentamientos con militantes de los derechos humanos. La causa tuvo 69 víctimas y 16 imputados donde se investigó y se ventilaron durante el desarrollo del juicio que lleva más de un año lo sucedido en el circuito de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y Escuela de Infantería de Marina (ESIM) en el faro de la ciudad.

Entre las víctimas figuran Susana Haydeé Valor -embarazada-, su pareja Omar Alejandro Marocchi, Susana Beatriz Pegoraro -embarazada-, Laura Adhelma Godoy de De Angeli -embarazada-, Liliana del Carmen Pereyra -embarazada- y su pareja Eduardo Alberto Cagnola y Patricia Elizabeth Marcuzzo -embarazada- y su pareja Walter Claudio Rosenfeld.

Fueron querellantes la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Mar del Plata, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Derechos Humanos de Nación y querellas particulares.

Durante la instrucción de la causa murieron dos de los represores imputados: el marino Juan Carlos Malugany y quien fuera jefe de la Subzona XV del Ejército Pedro Barda, considerado el máximo responsable en esta ciudad del accionar del terrorismo de Estado. Tampoco se pudo juzgar Aldo Máspero del Ejército, por entender que es inimputable a raíz de su estado de salud-.