Se trata del gobierno de la ciudad
Las ciudades en el mundo están siendo protagonistas de muchos procesos de innovación política desde la ciudadanía y desde los gobiernos. Córdoba sigue discutiendo cosas básicas de gestión.
En una semana, los vecinos de Córdoba capital elegiremos intendente, viceintendente, concejales y tribunos de cuenta. Las fuerzas mayoritarias han centrado casi exclusivamente sus campañas sobre dos temas: por un lado las obras de infraestructura y servicios que cada coalición electoral promete para los próximos cuatro años, y por otro, por los contrapuntos entre distintas versiones acerca de los números municipales que distintos candidatos sostienen como los verdaderos. Durante varias gestiones de gobierno de la ciudad los discursos políticos han procurado persuadir sobre la capacidad, de quienes están a cargo de los ejecutivos municipales y quienes aspiran a estarlo, para resolver los problemas y llevar adelante lo necesario para revertir el balance evidentemente negativo en lo que respecta a infraestructura y servicios. Sin embargo, y a pesar de los eslóganes, la evaluación inevitable que hacen los cordobeses de la realidad urbana, desde hace años, entra en contradicción con la retórica.Lo llamativo es que mientras se prometen resultados en materia de obras y servicios públicos los temas políticos y estructurales han desaparecido de los discursos. Muy pocos hablan sobre cómo gobernarán la ciudad. ¿Cómo lograrán la suficiente autonomía para lidiar con los intereses corporativos presentes en la administración, en los sectores gremiales y empresariales que inciden (o afectan?) cuestiones trascendentales como la movilidad urbana, el acceso al suelo y al hábitat, a los servicios, la sustentabilidad ambiental, la seguridad, la inclusión social y el desarrollo. La ciudad de Córdoba en los últimos 10 años ha tenido y proyecta tener una expansión de la mancha urbana sin precedentes. Durante la actual gestión se aprobaron 17 convenios urbanísticos que representan unas 1.600 hectáreas del ejido municipal, en la mayor parte de las cuales se cambió su uso de industrial y/o rural a residencial y casi todos fuera de la mancha urbana consolidada. Estas decisiones imponen condiciones estructurales al desarrollo urbano, porque afectan no sólo los servicios y la infraestructura, sino también la sustentabilidad y la cohesión social. La misma realidad se observa cuando atendemos a los conflictos en otras áreas como el transporte, los residuos y la administración. Las concesiones que muchas veces se hace a los actores con alguna cuota de poder nunca alcanzan. Entonces, emerge una vez más el interrogante: ¿quién gobierna sobre este desorden? La sensación es que al rumbo de la ciudad no lo marca el interés público. No importa cuántas luminarias o postes de alumbrado público se prometan, cuantos metros de cloacas, cuántos nuevos colectivos o trolebuses, cuántas cuadras de asfalto. Si no se gobierna "democráticamente" la ciudad, seguramente aquellas promesas no llegarán o no alcanzarán para resolver el déficit. Simplemente porque no son el problema sino la consecuencia. Para que el municipio pueda lograr la autonomía, la autoridad y la legitimidad necesarias para conducir la ciudad es necesario un programa y propuestas políticas que expliciten cómo llevarán adelante el desafío de gobernar. Muchos candidatos proponen reformar la Carta Orgánica para introducir la elección de quienes conducen los actuales CPCs y mejorar así la representatividad. Sin embargo, la actual cláusula de gobernabilidad que ata la elección del Ejecutivo con la del Legislativo otorgándole la mayoría automática en el concejo a quien sale primero en la elección (sin importar el porcentaje) genera problemas mucho más graves de representación. El partido que gobierna puede evitar completamente la deliberación, la justificación de los proyectos que presenta e ignorar la oposición de otros bloques (que también representan a la ciudadanía). Las ordenanzas se aprueban sólo con los votos del oficialismo, pero al mismo tiempo instituyen un tipo de gobernabilidad para nada acorde con los actuales desafíos de las democracias locales. Hoy existen cuestiones institucionales que refieren al modo en que se toman las decisiones, a la apertura a la participación y a la transparencia que son fundamentales para instalar "un modo de hacer" diferente. Ese es el verdadero cambio necesario. Las ciudades en el mundo están siendo protagonistas de muchos procesos de innovación política desde la ciudadanía y desde los gobiernos. Nuestra ciudad cuenta con un instrumento con mucho potencial en este sentido, el Plan de Metas, que permite que dirigentes y ciudadanos debatan sobre los objetivos y metas políticos que la ciudad merece y necesita. Los desafíos de la ciudad no son sólo desafíos de gestión. Son verdaderos desafíos políticos. Y esto implica cambiar la lógica actual de la política municipal. Ojalá nos demos la oportunidad de recuperar pa ra Córdoba ese papel de vanguardia que en otros tiempos la caracterizaba.
* Decana Facultad Ciencias Políticas Universidad Católica de Córdoba
