Sancionan a oficial que criticaba al nuevo jefe de Policía por SMS
Preventivamente lo pasaron a situación pasiva. Siguen circulando anónimos y dicen que De la Sota rompió el pacto. Un abogado pidió ante la Justicia anular el acuerdo con los policías acuartelados.
Un oficial de la División Motorizada fue sancionado por el Tribunal de Conducta Policial, que lo pasó a situación pasiva por cuestionar a la nueva cúpula policial.
Martín José Berrotarán, titular del Tribunal, confirmó a La Voz que la medida "preventiva" recayó sobre el oficial principal Juan Pablo Osagre, al constatarse que desde su celular enviaba mensajes criticando al nuevo jefe, Julio César Suárez, al subjefe, el contador Héctor Laguía y al resto de la Plana Mayor y rescatando la figura del renunciante César Almada.
Los mensajes canalizados bajo la consigna "Juanes en Marcha" se han reanudado después de que asumiera Suárez.
"Acá Jefatura está que arde. Esta gestión no durará mucho. Lo pusieron para rodar cabezas", indicaban varios mensajes anónimos que comenzaron a circular tras la asunción de la nueva cúpula. Ayer circulaba además una foto con una leyenda que reivindicaba a César Almada, el depuesto jefe.
Berrotarán indicó que se está investigando la procedencia de mensajes que apuntan a que el gobernador rompió el pacto y se está sancionando al personal que participó de la protesta. “Estos anónimos son falsos ya que el pase a situación pasiva del oficial principal no tiene nada que ver, esto ha sido posterior a la firma del acuerdo”, aclaró.
Piden anular el acuerdo
En ámbitos policiales se escuchan comentarios sobre una presentación realizada por el abogado Víctor Trillo en la Mesa de Entradas de tribunales provinciales para que un fiscal de Instrucción declare la nulidad del acta suscripta por el gobernador José Manuel de la Sota y los representantes de los policías en actividad, retirados y personal penitenciario.
El requerimiento de Trillo se basa en que los diputados constituyentes de 1986 establecieron en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Provincial, al referirse a la vigencia del orden constitucional y la defensa de la democracia, lo siguiente: "Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya a los derechos del pueblo es insanablemente nula".
Si la justicia diera curso a la denuncia, se especula, De la Sota podría verse liberado de cumplir con el pacto.
