Rechazan la ley que beneficia al Estado en pleitos con civiles
La oposición está en contra del proyecto K que prevé que el Gobierno no pague lucro cesante y que limita las indemnizaciones. El Estado tampoco se haría cargo del perjuicio causado por un concesionario de servicios.
La decisión del Gobierno nacional de sacar del texto del nuevo Código Civil y Comercial (que el Congreso se apresta a sancionar) la responsabilidad civil del Estado y mandar una norma específica para regular la relación de este con los privados genera cortocircuitos con la oposición. Tanto el radicalismo como el macrismo anticiparon su decisión de votar en contra de esta propuesta del kirchnerismo, que la Casa Rosada envió el miércoles a la Cámara Baja y que empezará a debatirse en comisiones el próximo martes. La intención K es que dicha ley se sancione paralelamente al nuevo Código para que no se genere ningún vacío legal. La iniciativa plantea una ley especial para regir la responsabilidad estatal por los daños que ocasione a los privados. Por eso en su artículo 1° se establece que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria". En el artículo 5° se agrega que la responsabilidad estatal por una actividad legítima "es de carácter excepcional" y que "en ningún caso procede la reparación por lucro cesante". Aclara, además, que la indemnización al privado será solo por el valor del bien y el daño ocasionado "sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas". Otro punto saliente, el artículo 6°, fija que el Estado no se hará cargo de los daños ocasionados por un concesionario de servicios públicos. Y fija que la responsabilidad contractual del Estado se regirá por esta ley salvo en casos de leyes específicas como los marcos regulatorios. La propuesta K plantea en su último artículo la necesidad de que cada provincia adhiera a la ley nacional de responsabilidad del Estado. Alegatos El senador kirchnerista Marcelo Fuentes defendió la iniciativa del Gobierno. "No creemos que el Código Civil, que regula las relaciones entre privados, deba reglar la relación de los privados con el Estado. Pero para no generar un vacío legal ya tienen estado parlamentario la ley de responsabilidad del Estado", explicó. Sin embargo, su colega mendocino Ernesto Sanz adelantó la opinión contraria de la UCR. "Esto es un disparate, una locura", dijo ayer en declaraciones radiales. El radical cuestionó que "se saque la responsabilidad del Estado del ámbito del Derecho Civil y se lo pase al Derecho Administrativo porque allí no son partes iguales con el ciudadano. El Estado estará un par de escalones arriba que los privados". En tanto, el diputado macrista Pablo Tonelli cuestionó la idea kirchnerista. "Se busca morigerar la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios a contramano de lo que se está haciendo en todo el mundo". En el proyecto del PRO sobre el nuevo Código, Tonelli se explaya en contra de la propuesta oficialista. "La pretensión de excluir toda posible aplicación del nuevo Código, aunque sea subsidiaria, a materias como la responsabilidad del Estado y los funcionarios debe ser desechada por disfuncional y vana. Lo justo sería que quede claro que las cuestiones regidas por el Derecho Administrativo deben resolverse primero por aplicación de normas y principios de Derecho Administrativo, pero que en defecto o insuficiencia de ellas se apliquen subsidiariamente las normas del Código Civil y Comercial". Tonelli se mostró también muy contrario a un aspecto que el kirchnerismo introdujo al Código Civil y Comercial que está por sancionarse donde se establece la preeminencia del interés colectivo sobre el interés privado en cuanto a la propiedad.
