Piden informes al Banco Central por las empresas del Grupo Macri
El juez Ariel Lijo hizo la solicitud por Sideco, Socma Americana, Neficor y Correo Argentino. Es en la causa que investiga supuestos delitos en el trámite que se dio a la deuda del Correo con el Estado.
- El juez Ariel Lijo hizo la solicitud por Sideco, Socma Americana, Neficor y Correo Argentino.
- Es en la causa que investiga supuestos delitos en el trámite que se dio a la deuda del Correo con el Estado.
El juez federal Ariel Lijo pidió al Banco Central informes sobre las empresas Sideco Americana SA, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino en la causa que investiga supuestos delitos en el trámite que se dio a la deuda de este último con el Estado Nacional.
El magistrado dispuso nuevas medidas de prueba en una resolución en la que consideró "insuficientes" los documentos enviados por las empresas Sideco y Socma en junio último, cuando emitió órdenes de presentación, informaron fuentes judiciales.
Por ello y a pedido del fiscal del caso Juan Pedro Zoni, el juez pidió al Banco Central informes bancarios de las empresas investigadas, además de ordenar que se le envíen los libros societarios y contables desde el 2001 al presente.
El juez envió oficios a todas las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri, imputado en esta causa junto al ex ministro de Comunicaciones y actual titular de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.
A las empresas se les requirió las "actas de asamblea, actas de directorio, registro de acciones/accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales" además de diario de inventario y balances.
Lijo quedó a cargo de cuatro denuncias unificadas hechas a raíz de la condonación de la deuda del Correo Argentino durante la presidencia de Macri.
Las denuncias se hicieron por "administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles" a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el grupo Macri, que habría perjudicado al Estado por unos 70 mil millones de pesos, según sostuvo la fiscal del fuero comercial que cuestionó la quita, Gabriela Boquín.
