Para el Gobierno, el corte es un "capricho"

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró esta mañana que "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto" frente a las denuncias penales y civiles que presentará el Gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente internacional que comunica con el Uruguay.

El ministro consideró además que el corte "ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho, que la planta -pastera ex Botnia- tiene que salir" de la cuenca del Río Uruguay.

El funcionario nacional dijo que la relocalización de la planta "no va a suceder" porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya "es muy contundente al respecto".

Fernández aseguró que "para nada" se está desoyendo el fallo judicial que ordenó desalojar el bloque del puente y calificó de "estupidez" que se dilate la resolución del conflicto con la decisión de hacer presentaciones judiciales contra asambleístas.

En diálogo por Radio 10, el jefe de Gabinete sostuvo que "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto" y consideró que a los responsables del corte "en algún momento los van a procesar y si insisten van a ordenar detenerlos" (ver El Gobierno acorrala a los asambleístas en Edición Impresa).

Petitorio de asambleístas. La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú reclamó hoy que el Gobierno retire "las medidas anunciadas por la Jefatura de Gabinete", en el marco de una movilización realizada a la Municipalidad.

En un petitorio entregado el intendente kirchnerista Juan José Bahillo, la Asamblea expresó "repudio y preocupación por la decisión del gobierno Nacional de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú que luchan contra la instalación ilegal de Botnia".

En el petitorio, que se hizo extensivo al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri, la Asamblea se quejó por la "absurda agresión a quienes luchamos pacíficamente por la defensa del medio ambiente y en contra de un emprendimiento que ha sido declarado \'ilegal\' por la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya".

"De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios lo que demuestra lo ridículo del planteo", asegura la entidad ambiental de vecinos.

"Sólo la política resolverá este difícil conflicto. Arroyo Verde somos todos y no daremos un paso atrás en nuestra lucha. Nunca el Poder Judicial y menos la actitud de un Gobierno nacional que se erige mas en defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales que del bienestar de los vecinos, ya afectados por la contaminación de Botnia", sostuvieron.