Para el Gobierno, concursar jefaturas es un hecho histórico

El Gobierno de Córdoba defendió con firmeza el llamado a concurso abierto por antecedentes y oposición para cubrir 747 cargos jerárquicos de la administración provincial.

Según Miguel Civallero, secretario de la Función Pública, los concursos -establecidos por la ley 9.361 de 2007 y convocados la semana pasada a través de un decreto- representan un "hecho histórico a nivel de la administración provincial": hasta ahora, los cargos de ese rango superior eran cubiertos a criterio del Ejecutivo, y lo que la nueva ley dispone es una selección pública con base en antecedentes académicos y laborales, y en un examen individual.

El funcionario explicó que esos 747 cargos fueron creados a través de las nuevas orgánicas y que se cubrieron de manera provisoria. En el 38 por ciento de los puestos hoy se desempeña personal provincial estable y de carrera. El resto, está en manos de interinos designados por el gobernador Juan Schiaretti, que cuentan con una ventaja de 10 puntos sobre los 120 que conforman la máxima puntuación posible en el concurso.

Ese fue el dato que desató ayer la polémica: algunos gremios interpretan que esa ventaja abre la puerta al ingreso de militantes justicialistas. Sin embargo, los empleados de carrera también tendrán esos puntos, además de hasta 18 puntos adicionales por antigüedad.

Las críticas más duras provinieron de ATE: "El Gobierno de Schiaretti manipulará los concursos para ratificar en los cargos a militantes oficialistas que desde hace años vienen siendo designados a dedo, usufructuando la estructura del Estado con fines partidarios", dice el comunicado que firma María Teresa Romero, secretaria general de la delegación Córdoba.

Civallero descartó de plano esa posibilidad. Aseguró que el Gobierno respetará la ley 9361, que establece detalladamente qué cargos deben concursarse, quiénes son los encargados de llevar adelante los concursos y cuál es el puntaje que corresponde por cada rubro como título, antigüedad e idoneidad. Además, establece el sistema de evaluación de los exámenes, que ponen en juego 40 puntos, y -al menos formalmente- parecen ser el factor determinante. El funcionario recalcó que la ley favorece claramente a los empleados de carrera.

Desde la Unión de Personal Superior (UPS), el gremio implicado directamente en el llamado y comprometido por ley a participar en la organización y evaluación, ayer defendieron los concursos.

Domingo Ovando, secretario general, recalcó que la única objeción formal de la entidad fue planteada a nivel judicial y no se vinculaba con los concursos en sí sino con los cambios en las orgánicas, que eliminaban cargos ocupados por personal de carrera. Cuando la Provincia garantizó la continuidad de esos empleados en el rango jerárquico, el conflicto terminó.

Los cargos que se concursarán son jefaturas de área y direcciones y subdirecciones de jurisdicción. Según la ley, quienes sean designados en el primer estamento tendrán estabilidad en la administración pública. En cambio, quienes se desempeñen como directores de jurisdicción o subdirectores de jurisdicción serán designados por cinco años y "vencido dicho plazo, se procederá al llamado de un nuevo concurso".

La Provincia también fundamentó cargos llamativos como el de responsable de Pensamiento Latinoamericano o de Correos Electrónicos.