Opositores piden investigar la obra de las Altas Cumbres
Legisladores afirman que el presupuesto era de $ 416 millones y ya ascendió a $ 665 millones. El Gobierno recordó que existe sobre ese emprendimiento un doble control de gestión, de Nación y Provincia.
Los legisladores provinciales Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), Javier Pretto (PRO) y Ricardo Fonseca (Frente Cívico) presentaron ante la fiscalía Anticorrupción que encabeza Gustavo Hidalgo una ampliación de la denuncia que en diciembre pasado habían presentado junto a otros tres legisladores luego de que se difundieran los polémicos videos con cámaras ocultas del conductor de TV, Tomás Méndez, al exdirectivo de la empresa Kolektor, Hermann Karsten.
La nueva presentación apunta a que la Justicia investigue la ejecución del contrato del camino de las Altas Cumbres (ruta 34), en los tramos empalme ruta E96-empalme ruta C45 y accesos a San Antonio de Arredondo y Las Jarillas. La obra está en manos de la UTE Britos SA y Chediack.
Como se recordará, la empresa Britos SA quedó en el centro de la discusión pública luego de que Karsten ofreciera triangular a través de esa firma pauta publicitaria del Gobierno.
En medio de esa polémica, se conoció que la firma es propiedad de Mauro Britos, del exfuncionario Walter Poplawski y del empresario y exfuncionario provincial Horacio Miró.
La presentación de los legisladores apunta al incremento de costos que registró la obra y a supuestos cambios en la traza y diseño que habría introducido la contratista sin el aval de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). “Aportamos elementos que demuestran que la UTE tuvo enormes ventajas porque Britos SA es una empresa de allegados al Gobierno”, indicó García Elorrio.
El escrito
La sucinta denuncia de los legisladores opositores solicita una investigación penal sobre la base de supuesta información técnica de la DPV. En esencia, lo que se plantea es que la UTE Britos SA-Chediack introdujo modificaciones en la traza
dispuesta por el proyecto original, que dichos cambios no fueron autorizados técnicamente por Vialidad, y que sin embargo esa dependencia provincial emitió los certificados de obra que permitieron que la empresa cobre de manos de la Nación, que es quien financia la obra.
Según los denunciantes, la denuncia recoge un planteo técnico de Vialidad. “Evidentemente las presiones políticas fueron más fuertes que las consideraciones técnicas y la obra avanzó con una traza y un monto muy distintos a los originales”, dice el escrito.
La obra fue adjudicada en 2010 con un presupuesto de 416,7 millones de pesos. En la actualidad, la cifra asciende a 665 millones de pesos. La suba es de casi 60 por ciento, pero no parece excesiva en el contexto inflacionario de los cuatro años trascurridos desde la adjudicación.
La denuncia insiste en la necesidad de que se ponga a resguardo la documentación obrante en Vialidad provincial, el Ministerio de Infraestructura y la empresa Britos SA. Reitera el supuesto de que toda esa documentación ya fue secuestrada por la Fiscalía en el marco de la denuncia anterior y además adjunta parte del expediente oficial de la obra.
Defensa de la obra
Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Córdoba no hubo respuesta a lo que consideraron una “denuncia política”.
En cambio, defendieron la obra en ejecución en las Altas Cumbres, recalcaron que esa inversión representa la finalización de una obra iniciada hace más de un siglo y negaron terminantemente que la UTE Britos SA-Chediack incumpliera el proyecto técnico original o modificara la traza del camino.
Además, a través del área de prensa del Ministerio se recalcó que por contar con financiamiento federal, esa obra vial –que recién estaría terminada en 2016– tiene el doble control técnico de Vialidad nacional y provincial.
