Opositores denuncian que el clientelismo afecta la paz social

Buenos Aires. Políticos de la oposición salieron ayer nuevamente a rechazar la imputación que les lanzó el Gobierno de fogonear las "extorsivas" protestas sociales callejeras y acusaron a la Casa Rosada de afectar la paz social con sus políticas y de "privilegiar" a las organizaciones afines al kirchnerismo. El diputado de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas replicó duramente a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien el viernes lo vinculó con los cortes de calles "desestabilizadores", y dijo que la funcionaria estaba "en una pendiente cuesta abajo" y usaba "términos de la Ley Antiterrorista que el Gobierno votó"."Quien está provocando la paz social es el Gobierno, atención", advirtió Solanas y, tras declararse "totalmente ajeno" a las protestas que el viernes bloquearon distintos accesos a la Capital Federal, denunció que "Garré está representando a una administración que desprecia a los trabajadores" de una manera "salvaje". Crítica de Binner. En la misma sintonía, el dirigente del Frente Amplio Progresista (FAP) Hermes Binner acusó a la Nación de "discrecionalidad" y de excluir, entre otros, a Santa Fe del Plan Argentina Trabaja, presuntamente porque no comulga con el ideario kirchnerista. Luego de denunciar que ciertas políticas oficiales, como la Ley Antiterrorista, lo "corren enormemente de un gobierno progresista", Binner se solidarizó con los reclamos de grupos sociales que piden ser beneficiarios de ese programa asistencial en igualdad de condiciones que otras organizaciones."Este es un acto de discrecionalidad que le compete al Gobierno nacional corregirla. Aquí hay hijos y entenados. Hay inequidad en la distribución de la ayuda", alertó el ex candidato presidencial del FAP y ex gobernador santafesino.Con ironía, el dirigente socialista lanzó: "El plan (Argentina Trabaja) viajó en ferrocarril y no paró en Santa Fe, pasó de largo".El viernes, la ministra de Seguridad evaluó como una "extorsión permanente" y una "metodología salvaje" las protestas callejeras de distintas organizaciones sociales y apuntó contra grupos conducidos por "Vilma Ripoll, (Néstor) Pitrola, (Juan Carlos) Alderete y "Pino" Solanas, a quienes acusó de "desestabilizar". También apuntó contra Binner. Solanas, vehemente. Ayer por la mañana, Solanas sostuvo que la Casa Rosada padece de "una sordera" ante las demandas de los sectores más desprotegidos "como pocas veces hemos visto". "Desde hace 15 años los damnificados sociales, los excluidos, los trabajadores han encontrado que la única metodología para ser escuchados es el corte de ruta; llegan a esto luego de meses de una escalada de todo tipo de reclamos. ¿Y cómo contestan los funcionarios, sean nacionales o de las provincias?: mirando para otro lado, desoyendo", disparó. A la réplica opositora se sumó el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, quien presentó un proyecto para que el Gobierno informe qué criterios utilizó para otorgar un presunto aumento de 550 pesos en los haberes de beneficiarios de Argentina Trabaja y si 100 mil personas quedaron excluidas de ese programa. Gil Lavedra solicitó que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Casa Rosada precise si existió "un incremento de 550 pesos en los haberes de trabajadores pertenecientes a las cooperativas adheridas al PAT, a partir de abril próximo" y si en las actuales listas aparecen "30 mil beneficiarios quedando excluidos 100 mil". Se sumó Alberto. En este marco, Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, volvió a la carga contra el Ejecutivo nacional con duros cuestionamientos. El Gobierno "construye una realidad" con un discurso "muchas veces falaz", apuntó el ex funcionario, y advirtió que la gestión de la jefa del Estado "tiene muchas dificultades" para entender la realidad.