No estamos dispuestos a castigar a los que hacen trampas

La sombra de 2007 volvió a proyectarse, tímidamente, sobre la actual campaña electoral. No se encontró ninguna explicación más convincente para la decisión de Juan Schiaretti de rehuir al debate con sus oponentes que aquella que evoca lo que pasó en el único cruce de candidatos a gobernador desde el regreso a la democracia para acá.¿Qué pasó aquella noche del 5 de agosto de 2007 en los estudios de TV de El Doce, coorganizador de aquel debate junto a La Voz del Interior ? Schiaretti llegó como el candidato que tenía entre 10 y 15 puntos en las encuestas que difundía el oficialismo por aquellos días, para enfrentar a los dos opositores que –según esos mismos sondeos– repartían por iguales preferencias electorales, Mario Negri y Luis Juez.El resultado final de la elección, casi un mes después, fue tan ajustado y polémico que hubo que esperar más de 40 días para conocer el veredicto de las urnas. Después de aquel cruce, hubo una visualización de Juez como más opositor que Negri y eso pareció reflejarse en aquella controvertida votación. Con alguna que otra salvedad, el escenario actual muestra bastantes coincidencias con el de hace ocho años. Candidato oficialista que dice tener una ventaja de 10 puntos o más, con dos postulantes opositores que aparentemente no tienen, entre sí, grandes diferencias de intención de voto.En el comando de campaña de Unión por Córdoba, lo reconocen sin tapujos: necesitan que el radical-macrista Oscar Aguad y el kirchnerista Eduardo Accastello se mantengan como a esta hora, dividiendo las voluntades de los cordobeses que quieren modificar el signo gobernante en la provincia."No nos podemos olvidar de que llevamos 16 años de gobierno. En Capital, en todas las mediciones que hacemos, salta que 7,5 de cada 10 cordobeses quieren un cambio; en el interior, alrededor de 6 cada 10", razona uno de los dirigentes más cercanos a Schiaretti. Y agrega: "Por eso, necesitamos que Accastello y Aguad se mantengan así, casi sin sacarse ventaja, para asegurar nuestro triunfo".Claro está que tanto en el comando de Juntos por Córdoba como en el de Córdoba Podemos dicen tener otros números. Y cada uno se imagina disputando palmo a palmo el tramo final con Schiaretti. Contradicciones Los dos quieren sacar el mayor provecho posible a esta decisión de Schiaretti de poner condiciones tales que hacen imposible la realización del debate. Que Córdoba haya tenido tan sólo un debate televisado de los principales candidatos a gobernador de los nueve turnos electorales desde el regreso de la democracia, habla por sí solo de que en calidad institucional, pese a las declamaciones, estamos a la retaguardia. También desnuda una dosis de hipocresía que crece de manera indetenible en cada uno de los espacios partidarios, y que aleja de la recuperación de prestigio y confianza ciudadana en los dirigentes políticos. Basta repasar algunos hechos bien frescos. En el mismo momento en que el comando de Unión por Córdoba ponía las incumplibles condiciones para el debate provincial, el líder de la coalición y precandidato a presidente, José Manuel de la Sota, clamaba por un debate nacional aunque sea con Sergio Massa, para las primarias de UNA.El De la Sota que pide un debate nacional de todos los precandidatos es el mismo, con cuatro años más de vida, que rechazó similar cruce en 2011, cuando competía por su tercer mandato como gobernador. En el caso de Accastello, que pide a gritos el debate con Schiaretti, puede mostrar como antecedente que en 2009, cuando era candidato a senador nacional, aceptó el debate.Pero está enrolado en el kirchnerista Frente para la Victoria, cuya máxima conductora, Cristina Fernández, rechazó expresamente el debate en las dos veces que se presentó como candidata a presidenta, además de las escasas muestras de diálogo que ha dado en sus dos mandatos. La demanda de calidad institucional, transparencia, confrontación democrática se da sólo si conviene a los intereses propios. Es como si las reglas de juego fuesen un traje a medida que se corta según sea el talle de la necesidad del candidato en cada turno electoral.Así, unos les reclaman a otros que no usen las estructuras y los recursos del Estado para hacer campaña, que sean transparentes en el manejo de los fondos de campaña, que tengan la conducta cívica de confrontar sus propuestas y trayectorias, todo en función del rol que les toque ocupar y no de las convicciones propias o de sus espacios políticos.Mientras tanto, como ha sido dicho varias veces en estas líneas, todo ocurre y se repite y volverá a seguir pasando, porque no hay ninguna instancia de sanción. En algunos casos, como el de los fondos de campaña, no hay reproche o castigo judicial; en los restantes, no hay condena social. La calidad democrática es un asunto que importa bastante poco a la hora de decidir por quién votar.De ahí que cada uno se seguirá cortando el traje del talle que le calce mejor en cada campaña. Y nos entretendremos reclamando reglas de juego un poco más transparentes a jugadores a los que no estamos dispuestos a castigar si hacen trampas.