Narcotráfico: urgen a que se integre tribunal para el juicio

En un hecho inédito, dos camaristas federales de la ciudad de Córdoba elevaron un pedido de "pronto despacho" a una instancia judicial superior como es la Cámara Nacional de Casación Penal para que se resuelva "con carácter de urgencia" la integración del Tribunal Oral que deberá juzgar al exdirector de Lucha contra el Narcotráfico, Gustavo Rafael Sosa y cinco de sus colaboradores. En un escrito elevado el 12 de agosto pasado, los camaristas José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís recordaron a Casación que tiene radicado un incidente de inhibitoria/recusación iniciado en febrero de este año y con ingreso a ese tribunal el 30 de abril pasado.Pérez Villalobo y Asís habían pedido su apartamiento como integrantes del Tribunal Oral porque en el juicio a los involucrados en el caso del denominado "narcoescándalo", son tres los procedimientos de Drogas Peligrosas que se realizaron ilegalmente y uno de ellos ya había sido juzgado por ellos y en el fallo se volcó opinión. Como los jueces no pueden adelantar opinión sobre el caso a juzgar, ambos entendieron que debían inhibirse. Paralelamente y por el mismo motivo, los fiscales federales Enrique Senestrari y Facundo Trotta, recusaron a los dos camaristas. En una decisión inesperada, la sala de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Eduardo Ávalos, Ignacio María Vélez Funes y Graciela Montesi, rechazó las recusaciones y las inhibiciones. En la misma resolución se hizo lugar a la inhibición presentada por el tercer integrante del Tribunal Oral Federal N°2 que debe juzgar a los policías presos desde el 30 de septiembre de 2013, Carlos Lascano, porque intervino en uno de los pedidos de excarcelación presentados por la defensa de Sosa y otros de los efectivos de Drogas Peligrosas privados de la libertad. En su reemplazo se designó al juez Abel Sánchez Torres. En disconformidad con el dictamen, tanto los jueces como los fiscales apelaron a Casación.En el "pronto despacho", los jueces fundan su presentación en que "las personas privadas de su libertad en la causa de marras se encuentran próximas a cumplir dos años de detención, tratándose de una causa de manifiesta trascendencia y repercusión pública en el ámbito de esta provincia al encontrarse imputados y detenidos personal de la División Drogas Peligrosas e la Policía de la provincia de Córdoba, habiendo los suscriptos mantenido una reunión con el presidente de dicha Sala 3 Dr. Eduardo Riggi a los fines de solicitar la pronta resolución del incidente señalado".El planteo de Pérez Villalobo y Asís tuvo su correlato en una notificación de la secretaría de la Cámara Nacional de Casación comunicando que recién se terminó de "notificar al último de los abogados defensores de los policías para que se expidan sobre los incidentes planteados por jueces y fiscales, tras lo cual deben esperarse 10 días hábiles para fijar fecha de audiencia". Agregó la secretaría de Casación que a partir de esa audiencia, la Sala III deberá dictar sentencia en el plazo máximo de 20 días, conforme lo establece la normativa procesal. Esto significa que recién en los últimos días del año se podría resolver sobre los incidentes. A partir de ese momento habría que designar nuevos jueces o no. En el mejor de los casos, el proceso oral y público recién podría realizarse a mediados del año próximo.