Morosidad: inédito proceso de remoción a jueza de Faltas

En un caso que no registraría antecedentes en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, el Departamento Ejecutivo activó los resortes legales e institucionales para iniciar una especie de jury a una jueza de Faltas, que podría derivar en su remoción del cargo. Se trata de la jueza Myriam Birn, sobre quien pesa un reclamo por mora administrativa en la resolución de causas por supuestas infracciones, que estaban a su cargo, pero que fueron virtualmente cajoneadas sin motivo aparente. La situación, que meses atrás fue detectada por el administrador de los Tribunales Administrativos de Faltas (TAF), Ramón Ortega, derivó en una investigación administrativa y posterior sumario, en el que habrían quedado acreditados los incumplimientos de la funcionaria.La consecuencia directa de ese expediente fue el decreto N° 614/15, donde el intendente Ramón Mestre sugiere avanzar en el proceso de destitución. A tal efecto, el pasado miércoles se constituyó la Comisión Evaluadora de la Remoción de Jueces de Faltas, que el 20, previo analizar los antecedentes del caso, resolverá si avanza o no con el proceso de remoción.Hasta que eso ocurra, Birn sigue en funciones normalmente. Si se abre el jury, podría decidirse una suspensión preventiva, por hasta seis meses, mientras dure el proceso y a los efectos de que ejerza plenamente su derecho a defensa. Trascendió que ya habría contratado un abogado defensor para enfrentar la posible acusación.La citada comisión está integrada por el presidente de la Cámara de Apelaciones de los TAF, Víctor Martínez; Ricardo Echegaray por el Colegio de Abogados; Marcelo Rodríguez Aranciva, por la Asesoría Letrada municipal. También participan dos concejales: por el oficialismo, Lucas Cavallo (y Juan Negri como suplente) y por la primera minoría, el peronista Esteban Dómina (y Eduardo Serrano como suplente).Según pudo establecer este diario, un proceso de control de gestión interno en los TAF detectó que la jueza Birn tenía atrasada la tramitación de 1.300 expedientes, algunos de los cuales databan de 2006, vale decir de 10 años atrás. Como referencia, en los TAF indican que los demás jueces registran un promedio de morosidad de unos 200 expedientes, lo que se considera "razonable".Además, en el caso de la jueza que está en la mira del jury, habría dos elementos agravantes. Según se determinó en el sumario administrativo, muchos de esos expedientes sin resolver estaban cerrados con llave en un armario, mezclados con otros actuales, sin orden de prioridad.Y por otra parte, una gran proporción de los 1.300 expedientes tenían descargo, vale decir que había una contraparte que se había defendido y ofrecido prueba, lo que supone una demanda de mayor celeridad para responder, en comparación con aquellos en los que no hay descargo.

Procedimiento. Myriam Birn, la jueza cuestionada por su desempeño, accedió al cargo en la Justicia de Faltas en noviembre de 2005, tras sortear el concurso público de antecedentes y oposición que realizó el entonces intendente Luis Juez, en una medida en ese momento inédita para la ciudad. Más aún: paradójicamente, Birn se ubicó en el primer lugar del orden de mérito, sobre un total de 150 postulantes a cargos de juez o secretario.

Explicación. “Posiblemente, no haya antecedentes de proceso como este, porque nunca antes se hicieron controles exhaustivos de gestión y eficiencia. Pero frente a una situación de negligencia evidente, no podemos mirar para otro lado”, sentenció un funcionario del Ejecutivo.