Más polémica por los “servicios esenciales”

La presentación en la Legislatura por parte del defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, de una iniciativa que tiene por objetivo "garantizar" la prestación de los denominados "servicios esenciales", entre los que se encuentran el transporte, la salud, la administración de justicia, la educación, la recolección de residuos y la producción y distribución de agua y energía eléctrica, volvió a avivar la polémica con los sindicatos, que rechazan enfáticamente tratar este tema por considerar que cualquier reglamentación "afecta" el derecho constitución a la huelga. El proyecto en cuestión es similar al que en marzo el delasotismo intentó impulsar como una respuesta política tras los desbordes del 3 y 4 de diciembre últimos, pero que debió ser archivado ante la férrea oposición de todo el arco sindical. De ese intento sólo quedó en pie la conformación de una comisión multisectorial, integrada por dirigentes gremiales, legisladores y el empresariado local representado a través del G-6. Ese cuerpo sólo se reunió una vez. Decara, que fue repuesto al frente de la Defensoría fruto de un acuerdo político entre la UCR y el oficialismo, no está habilitado para presentar un proyecto en el cuerpo legislativo: sí o sí, para que la iniciativa tome estado parlamentario, necesita de la firma de un legislador. "Lo que buscamos con este proyecto es garantizar a los cordobeses la prestación de los servicios esenciales", explicó Decara a este medio. Respecto del pedido del titular de la CGT Regional Córdoba, el legislador oficialista José Pihen, de retirar la iniciativa, el radical rechazó esa posibilidad y bregó por entablar una mesa de diálogo "en la que se pueden acercar las posturas".En el artículo 3 del escrito, que por ahora no tiene firma alguna, se señala que "si un servicio público esencial se viera afectado por el ejercicio de una medida de acción directa derivada de un conflicto laboral, deberá garantizarse el conjunto básico de recursos materiales y humanos a fin de asegurar la continuidad y regularidad mínimas bajo las pautas y modalidades previstas en la ley".Más adelante del articulado se establece que las medidas de acción directa que afecten a un servicio esencial deberán ser comunicadas con una anticipación de "tres días" y que de no cumplir con ese requerimiento será considerado una "falta grave" y "dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas por las normas legales vigentes", sin precisar cuáles serían.Desde el bloque oficialista, Sergio Busso aseguró que el escrito enviado por Decara "no aporta demasiado" a la discusión. El delasotista valoró que, por el rechazo que tiene por parte de las organizaciones gremiales, el intento por garantizar los servicios esenciales es un tema "difícil de instalar" y puso sus fichas en que, en el marco de la comisión multisectorial, se siga dialogando al respecto.En tanto, anoche, Decara se reunió con autoridades del bloque radical en la Unicameral para analizar "los alcances" del proyecto.

La semana pasada, en la última reunión entre el gobernador José Manuel de la Sota y los referentes del G-6, el tema estuvo en discusión. Los empresarios insisten en avanzar con algún tipo de reglamentación sobre la protesta gremial.

José Pihen (adjunto de la CGT). "Ratificamos en forma total y absoluta la oposición a cualquier reglamentación del derecho de huelga, porque no es competencia de la Legislatura. Si se intenta tratarlo, nos movilizaremos".

Mario Decara (Defensor del Pueblo). "No estamos en contra del derecho a la huelga, pero sí decimos que hay que poner límite a los paros salvajes, como los del transporte, que perjudican a los cordobeses".