Más de 1.040 días por $ 1.040 millones

Era la fría mañana del lunes 30 de julio de 2012 y hacía apenas algunas horas que los Tribunales se desperezaban de la feria judicial de invierno. Cuatro hombres de negro caminaban por el barrio porteño de San Nicolás con un destino fijo: el Palacio de Justicia. Vistos desde atrás, parecían los protagonistas de Los simuladores . Pero no era ninguna ficción. El que sobresalía, por su altura, era el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Lo rodeaban el procurador del Tesoro provincial, Pablo Reyna; y los abogados Alberto y Tomás García Lema (hijo del primero), del estudio contratado por la Provincia para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.Tomás, el más joven, cargaba sobre sus brazos una caja que contenía siete kilos de papeles, la prueba documental que llegó, primero por escalera y después por ascensor, hasta la oficina 4130 del cuatro piso, en el ala opuesta a los despachos de los ministros del Alto Cuerpo.El trámite no duró más de 10 minutos, el tiempo en el que se condensó el puntapié inicial de una causa clave del incordio de la relación Nación-Provincia.El reclamo, por 1.040 millones de pesos, ya lleva más de 1.040 días (en rigor, 1.140) entre las oficinas del tribunal.Después de tres años, el calendario se deshojó casi sin novedades. Hubo sólo dos movidas de importancia: la audiencia de conciliación, en septiembre de 2012, y ahora, la apertura de la etapa testimonial.En el Centro Cívico no hay gran expectativa. Más en privado que en público, los jueces de la Corte dejaron trascender su incomodidad con este tipo de casos. Prefieren que se resuelvan en el terreno político.Incluso, fuentes tribunalicias recordaron que ni siquiera hay un pronunciamiento sobre la medida cautelar que reclamó Córdoba y que, en el mejor de los casos, el voluminoso expediente aún tiene por delante un año y medio antes de un fallo. El camino a la Corte El proceso que culminó con la denuncia en la Corte fue un sinuoso derrotero iniciado en 2009, cuando el entonces gobernador Juan Schiaretti recurrió al Alto Cuerpo por la vieja deuda de 2002 a 2007. Aquél reclamo, por 1.220 millones se saldó un año después, en una negociación política, que para Córdoba significó resignar casi 500 millones para poder ingresar al plan de refinanciamiento de deudas con la Nación.Pero meses más tarde, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) frenó por entero el envío de recursos.¿Por qué? Para el delasotismo, fue la cruda reacción K al alineamiento de Córdoba con el campo en el conflicto de 2008.La Caja tildó a esa medida de "arbitraria e intempestiva". Para Anses, en cambio, Córdoba incumplió el convenio. Y es eso lo que la Corte debe resolver.El escudo al que apeló la Anses fue el de la armonización. Aunque pronto mostró agujeros. Su titular, Diego Bossio, argumentó que Córdoba no cumplió con todos los puntos exigidos para adecuar su esquema al nacional.Lo curioso fue que, hacia 2012, ninguna de las cajas provinciales asistidas había armonizado en forma total.La danza giraba sobre cinco ejes. Córdoba había alineado la edad jubilatoria, los retiros por invalidez y las pensiones por fallecimiento. Pero no adecuó sus parámetros para determinar el haber inicial y el esquema de movilidad, bajo el pretexto de que "los mayores costos" derivados de esa decisión "serán financiados exclusivamente por la Provincia", según la cuarta cláusula del convenio 80 firmado a fines de 2009. La judicialización Cuando José Manuel de la Sota arrancó su actual mandato todavía prendía velas a una solución negociada. Incluso comentó que llegó a ofertar un acuerdo por menos de la mitad de la plata. La omisión fue toda respuesta.En adelante, la Fiscalía de Estado se ocupó de generar todos los pasos administrativos previos a la demanda, antesala de una judicialización plena.Una semana después de la denuncia, De la Sota llevó en mano a la Legislatura el proyecto para diferir por 180 días en los aumentos de haberes.En apenas un par de horas, forzó su aprobación sobre tablas con la soledad mayoritaria de los brazos oficialistas en alto.Casi en simultáneo nació la tasa vial, una rápida forma de recaudación que, en la práctica, permitió liberar otros recursos con del presupuesto.La audiencia de conciliación convocada por la Corte, en septiembre de 2012, pasó sin pena ni gloria y sólo sirvió para que los jueces midieran, en primera persona, los grados de intransigencia.Además de la deuda por los giros de 2011, Córdoba volvió a golpear la puerta del tribunal para pedirle su autoexclusión del Pacto Fiscal de 1992 y, así, cortar la detracción del 15 por ciento de la coparticipación que las provincias ceden a Anses. Dimensión ¿Por qué la situación de la Caja estatal debería preocupar a los cordobeses? Al sistema lo alimentan los aportes personales y patronales de 189 mil empleados públicos para pagar haberes a 94.400 pasivos. Es poco al lado de los más de 645 mil cordobeses que aportan al sistema nacional y los 466 mil beneficios que Anses paga en Córdoba. Pero, al ser un régimen con un déficit casi crónico y sin asistencia de Anses, al faltante lo ponen, al pagar impuestos, quienes tributan en Córdoba.La pérdida de 2014 (430 millones) equivale a 430 pesos cedidos por hogar. Y está la cuestión demográfica, que amenaza a todo régimen previsional.En 25 años habrá en Córdoba más adultos mayores (60 años o más) que chicos de hasta 14, mientras la porción de personas en condiciones de trabajar se mantendrá sin cambios.