Los caminos hacia “el superministro”

Buenos Aires. El exministro de Planificación Federal durante los tres gobiernos kirchneristas, Julio De Vido, quedó procesado ayer por su supuesta responsabilidad como coautor del delito de descarrilamiento agravado y por ser presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta en la tragedia ferroviaria de Once, que en febrero de 2012 causó 51 muertos y más de 700 heridos. Primero en su contra desde que en diciembre pasado dejó de ser ministro, el procesamiento de De Vido fue dictado ayer por el juez federal Claudio Bonadio, quien no le dictó la prisión preventiva porque el exfuncionario goza de fueros parlamentarios, pues es diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV), aunque sí resolvió trabarle un embargo de 600 millones de pesos.Bonadio tomó esta decisión un mes después de que De Vido le presentó un escrito al ser citado a declaración indagatoria, en el que aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario, descartó cualquier participación en actos que implican a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, condenados a penas de prisión por la tragedia de Once, y sostuvo que la responsabilidad exclusiva en el hecho fue del maquinista Marcos Córdoba. También en esa ocasión De Vido recusó a Bonadio, quien procesó a la expresidenta Cristina Fernández en la llamada causa del dólar a futuro, por lo que llamó "una transformación pública y objetiva del juez en un cruzado 'anti-K'", frente a lo cual el magistrado lo rechazó por ausencia de un "basamento fáctico o jurídico que lo sustente". Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que tiene que resolver si Bonadio sigue o no al frente de la causa. En su resolución de ayer, Bonadio señaló que en el expediente judicial "se encuentra más que probado" que al momento de la tragedia de Once el entonces ministro de Planificación Federal "no cumplió" con su obligación de supervisar la tarea de sus subordinados en esa cartera, en referencia a los secretarios de Transporte. Pero también en cuanto a la supervisión del entonces titular de la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos), Jorge Gustavo Simeonoff, asimismo procesado ayer junto con Silvia Emilse López, contadora de la firma de TBA, empresa de los hermanos Cirigliano concesionaria del servicio del ferrocarril Sarmiento, en el que ocurrió la tragedia. Responsabilidad En ese sentido, Bonadio aseguró que junto con el titular de la Uniren "tenían pleno conocimiento de la forma en la cual era prestado el servicio por la empresa concesionaria" TBA y agregó que a pesar de las "reiteradas alertas realizadas" por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Auditoría General de la Nación (AGN), "no cumplieron adecuadamente con sus obligaciones, adoptando alguna medida tendiente a encauzar la prestación de un servicio". "No resulta un dato menor al momento de evaluar la responsabilidad de Julio De Vido en los sucesos investigados –sostiene la resolución del juez– que en el ámbito del Ministerio a su cargo funcionaba la Uniren, unidad que en casi nueve años de existencia nunca avanzó en la readecuación del contrato, a pesar de los incumplimientos del concesionario, que ocasionaban un riesgo cada vez mayor en la explotación del servicio".Respecto del procesamiento de la contadora de la empresa concesionaria TBA, Bonadio la fundamentó en que "diseñó la política empresarial que permitió transferir grandes sumas de dinero a empresas vinculadas al grupo, omitiendo deliberadamente realizar el mantenimiento de los bienes concesionados". Bonadio también afirmó que durante la gestión ministerial de De Vido se diseñó una política pública que "favorecía" que las concesionarias incumplieran con sus obligaciones contractuales, pese a lo cual "se les transferían sumas cada vez más importantes de dinero en concepto de subsidios". El año pasado, un tribunal federal condenó a los dos exsecretarios de Transporte, a exdirectivos de TBA y al maquinista Córdoba a varios años de cárcel, al tiempo que ordenó al juez investigar a De Vido.

Dólares y pesos. La Justicia secuestró el lunes por la noche 1.600.000 dólares y más de 2.000.000 de pesos en la casa del financista Guillermo Greppi, amigo de Carlos Liuzzi, número dos de la Secretaría Legal y Técnica durante el kirchnerismo, que comandaba Carlos Zannini.

¿Quién es? Greppi cobró notoriedad en 2013, cuando el juez federal Norberto Oyarbide frenó un allanamiento en su empresa Propyme a pedido de Liuzzi. Por ese hecho, Oyarbide fue sometido a una investigación y evitó un juicio político cuando renunció, hace tres semanas.

Escondida. El dinero fue encontrado en compartimientos escondidos en el domicilio del financista. "Lo tenía escondido en un placard en el baño, sí lo tenía ahí. ¿Cuál es el delito?", señaló Greppi a la prensa. "De ninguna manera ahí hay lavado de dinero", destacó el financista, y dijo que los millones que había en su casa provienen del circuito legal.