Los bonos basura del federalismo fiscal
El “default” del federalismo fiscal lleva 18 años a puro parche. Si la posibilidad de un acuerdo de todos los gobernadores de las provincias hubiera cotizado en títulos, hace rato que serían bonos basura.
Hace 20 años, hubo una reforma constitucional. La más reciente. La que había abierto ya no la esperanza sino la disposición legal de tener una nueva ley de coparticipación federal.
El límite era el último minuto de 1996. Pero ese día todos levantamos la copa, brindamos por el año nuevo, y a otra cosa. Ese default del federalismo fiscal lleva 18 años a puro parche. Una especie de canjes y reestructuraciones domésticas. Nadie se hace cargo de la "deuda". Si la posibilidad de un acuerdo de todos los gobernadores hubiera cotizado en títulos, hace rato que serían bonos basura.¿Acaso alguien apuesta por una histórica foto de todos los mandatarios provinciales dispuestos a poner, de una vez por todas, blanco sobre negro en el intríngulis de la coparticipación? Cada vez que el péndulo de las provincias se mueve hacia la zona del estrés fiscal, aquella promesa que nos hicimos hace dos décadas nos cachetea del derecho y del revés.Por cierto, hay pecados económicos e institucionales en las provincias que viven por cuenta propia. Pero está claro que buena parte del problema radica en las mezquindades y la apabullante incapacidad de consenso para reformar el sistema fiscal federal.No sólo las provincias reciben una porción menor de la torta tributaria, sino que en los últimos 20 años creció la importancia de las transferencias discrecionales y del uso de recursos para premiar o castigar desde la Casa Rosada.El álbum de fotos desborda, pero entre las imágenes más recientes están las de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, las provincias desplazadas de la última prórroga del plan de refinanciamiento de deudas con la Nación. Es porque se oponen a la reforma en la ley de hidrocarburos, que pone en juego el dominio y la distribución de la renta petrolera.También está Córdoba, que a principios de año, además de ser excluida de la extensión del plazo de gracia por no desistir de los juicios previsionales, quedó fuera del reparto de aportes del Tesoro por 750 millones de pesos, un caso que podría derivar en otra demanda. Y no hay muestra más frustrante del fracaso de la política que cuando los desacuerdos terminan en la barandilla de la Corte Suprema de Justicia.
