Lo que desnudó el asesinato

La condena a 15 años de prisión del jefe de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, resultó insuficiente para los familiares y compañeros de Mariano Ferreyra, que pedían cadena perpetua. Pero, al mismo tiempo, fue un fallo casi histórico que sorprendió a los argentinos, acostumbrados a que los amigos del poder resulten absueltos por la Justicia.

Mariano tenía 23 años. Era militante del Partido Obrero y ese 20 de octubre de 2010, había ido a cortar las vías de la Línea Roca del ferrocarril junto con empleados tercerizados que reclamaban su incorporación con ferroviarios. El piquete casi no se concretó por la presencia de los delegados de la UF. Tras el fracaso, Mariano y el resto se fueron. Ya estaban a varias cuadras de las vías cuando la patota de la UF los alcanzó, disparó y mató.

El crimen desnudó varias de las peores prácticas que corroen al país: la corrupción (en este caso, sindical), la represión de protestas con patotas que entre sus filas tienen a mercenarios (generalmente barrabravas) y la connivencia policial.

En este caso, quedó demostrado que delegados gremiales, con la complicidad necesaria de su líder Pedraza, armaron la patota para “correr” a los tercerizados, y que el barrabrava Cristian Favale, uno de los tiradores, fue convocado especialmente para la ocasión. Favale y Gabriel Sánchez –el otro tirador, empleado del ferrocarril y también barrabrava– y Pablo Díaz, el delegado gremial que los comandó, recibieron las penas más duras que dio el tribunal: 18 años de prisión.

Quedó probado, también, que Pedraza tenía un interés político y económico con el ataque a los tercerizados. El político: que no se arme un sindicato paralelo; el económico: preservar los intereses de la cooperativa Unión del Mercorsur que él manejaba, una entidad que en realidad funciona como una empresa de tercerización laboral. La UF no es el único sindicato en el que ocurre el colmo de un gremio, que quienes supuestamente tienen que defender los derechos de los trabajadores promuevan la precarización laboral a través de las tercerizaciones.

También quedó demostrado que la Policía liberó la zona y permitió el asesinato. Dos comisarios de la Policía Federal fueron condenados, ––uno a 10 años de prisión y el otro, a nueve años– por ser partícipes necesarios del homicidio. Hubo penas menores para otros cuatro policías.

“¿Por qué Favale actúa con tanta seguridad y corre, arenga y dispara sin ningún tipo de pudor, vuelve con las mismas personas, traspasa de nuevo la Policía y se va?”, se preguntó el juez Horacio Días el viernes, durante la explicación de la sentencia. “Porque contaba con el apoyo del sindicato y porque contaba con el dato de que no lo iban a detener”, concluyó.

Además de Pedraza, recibió 15 años de prisión su segundo en la UF, Juan Carlos “Gallego” Fernández. También hubo penas para otros tres delegados, dos de ellos, que agredieron a periodistas de C5N que estaban en el lugar el día del crimen.

Y hasta ahí llegó el tribunal.

No consideró que hubiera pruebas que responsabilicen al Estado, especialmente al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, a quien la querella vincula con el asesinato. Los querellantes consideran clave una conversación telefónica entre Pedraza y Tomada del 14 de enero de 2011, tres meses después del crimen. En ella, Tomada le da consejos al sindicalista condenado sobre cómo manejar políticamente a empleados tercerizados que habían sido incorporados a la planta permanente del ferrocarril. “¡Mi querido! –le dice el ministro a Pedraza–, la mejor defensa es un buen ataque.”