La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba despachó 76 asuntos que apuntan directamente al manejo de recursos humanos de la gestión de Ramón Mestre en la Municipalidad, en el período de transición que se abrió entre las elecciones de mayo y el fin del mandato de diciembre pasado.
Se trata de 58 pedidos de informes que fueron presentados en 2019 sobre designaciones de jefaturas y de personal.
Y de 17 notas que el Ejecutivo remitió el 29 de noviembre pasado, a sólo 11 días del final de la gestión, con el pedido de autorización de pase a planta permanente de unos 400 empleados.
Estas documentaciones fueron devueltas al Palacio 6 de Julio para que fueran las actuales autoridades las que decidieran si ratificaban o no esos pases a planta.
Pasa que, entre la fecha de la elección (12 de mayo) y el traspaso de mando (10 de diciembre), rige la ordenanza de transición que había sido impulsada por el propio mestrismo.
Esa ordenanza establece fuertes limitaciones a las acciones que puede llevar adelante el Ejecutivo municipal en el período entre las elecciones y la asunción del nuevo gobierno. Entre ellas, que el Concejo debe autorizar el ingreso de personal a planta permanente y beneficios que impliquen un aumento del gasto municipal.
Además, el oficialismo presentó en el Concejo otro pedido de informes, sobre cómo fueron las locaciones de servicios (monotributistas) durante la intendencia de Mestre.
Esta situación se da en el marco de un fuerte enfrentamiento con línea interna del radicalismo producto de los contratos que está promoviendo Llaryora: los servidores urbanos y los promotores de convivencia.
Y de un conflicto con el sindicato de municipales, Suoem, por los recortes que viene aplicando el intendente.
Sin embargo, desde el gremio manifestaron que la acción del Concejo es “razonable”, ya que “la decisión política y administrativa pasa por el DEM”.
“Creemos que esos compañeros deben pasar a planta permanente porque cumplen con todos los requisitos y con los concursos realizados, y cumplen con la ordenanza”, dijeron desde el Suoem.
El presidente de la Comisión de Legislación General y también titular de la bancada de Hacemos por Córdoba, Juan Domingo Viola, indicó que los proyectos se agruparon en cinco despachos, que consiguieron el respaldo de casi todos los ediles miembros de la comisión. El único que votó en contra fue el mestrista Alfredo Sapp.
“El objetivo es revisar todo lo que fue la política de recursos humanos en todo el período de transición. Tanto contratados como pase de personal e interinatos”, describió Viola.
Desde el radicalismo minimizaron la situación y decidieron no opinar al respecto.
En detalle
Los despachos agrupan las notas de ratificación de los pasos de planta; otro es un pedido de informes del entonces bloque de Unión por Córdoba acerca de la contratación de 12 agentes; luego está uno de la exconcejala Laura Sesma; el cuarto grupo son tres pedidos de informes sobre nombramientos en la Justicia de Faltas, entre ellos dos juezas, y 54 pedidos de informes más sobre nombramientos de jefaturas.
De ese paquete, 58 pedidos de informe shabían sido presentados por el todavía hoy concejal Pablo Ovejeros y por el ahora director del CPC San Vicente, Santiago Gómez.
"Estos expedientes los iniciamos durante la gestión anterior y hoy están más vigentes, ya que estas medidas que había tomado la gestión anterior les cuestan dinero a la Municipalidad y a los vecinos", sostuvo Ovejeros.
Esos pedidos de informes se presentaron porque, entre el 12 de mayo y finales de julio, el Ejecutivo había emitido 45 resoluciones por las que se llamaba a concurso para cubrir cargos de jefaturas en las distintas reparticiones municipales.
También se publicaron ocho decretos en los que se llama a concurso público para aspirantes a docentes, a profesores de Educación Física, a médicos, a odontólogos y a veterinarios. También, para trabajar en la Dirección de Transporte, como inspector, y en Servicios Generales, para tareas básicas y de seguridad.
Ovejeros y Gómez también apuntaron el año pasado contra el nombramiento de dos juezas de Faltas: Teresita Gutiérrez y Silvia Longo, y presentaron sendos pedidos de informes.
"Es importante recordar que los llamados a concurso que hizo Mestre para cubrir jefaturas fueron después que perdió la elección y a pocos meses del cambio de gestión. Claramente se estaba violando la ordenanza de transición, y el agravante es que en muchos casos se trataba de cargos de jefes sin personal a cargo", remarcó Gómez.
Los despachos tomarán estado parlamentario en la sesión de este viernes, y se tratarán la semana próxima.
