Las nuevas inquietudes de la demanda agregada

Meneó la cabeza con resignación, lamentó un segundo nimio la eyección de la ministra,
felicitó con un resuello de compromiso al gobernador y se abandonó, de regreso en su silla, frente a la rebelión de sus afiliados.

Ricardo Pignanelli, titular del gremio mecánico (Smata), tejedor de la escuela clásica y uno de los jefes 
nonatos de la CGT Balcarce, era testigo en barrio Santa Isabel, de la ciudad de Córdoba, de la breve vida que tuvo el anuncio presidencial sobre el Impuesto a las Ganancias.

Contribuyentes cautivos del tributo inflacionario, los trabajadores mecánicos
también manejan desde hace años la calculadora que 
hasta entonces sólo usaban sus jefes; está puesta a 
estimar los daños del gravamen que transformó el salario en renta.

Sometido a consideración de una asamblea imprevista, el paliativo de Cristina se
disolvió en la rechifla.

La desazón sobreviniente en el Gobierno nacional 
puede medirse según la 
intensidad del enojo que fustigó, en las horas posteriores, el atrevimiento cordobés.

No era para menos. Con la convocatoria a un paro, el alivio al aguinaldo era lo más que estaba dispuesta a conceder la caja estrecha del Estado nacional.

Representaba, además, un reconocimiento a desgano, forzado en el poder por la masiva protesta del 8 de noviembre.

Levemente, aquellos
indignados habían comenzado a ser halagados, en tanto integrantes de la misma 
clase social a la que profesa pertenecer la Presidenta,
nada menos. Una terapéutica admisión, la de Versalles. O un milagro inesperado del Banco Mundial.

Horas antes se acusaba a los manifestantes de ser un conglomerado de ideas ultramontanas, con genética defectuosa en su conformación política.

La demolición de ese 
primer intento, operada en la planta de Renault, puede anotarse entre las frustraciones de un gobierno con 
dificultades cada vez más 
ostensibles para sostener la gestión.

En la oposición, no obstante, las urgencias por 
construir una alternativa volvieron a hundirse en una siesta morosa.

Senadores y diputados de distintos partidos firmaron un compromiso contra la 
autosucesión presidencial, pero las conducciones de sus partidos, pese al aval que las calles le dieron a esa definición política, siguen considerando innecesario reunirse para suscribir un acuerdo similar.

Pese al rechazo masivo, la reforma constitucional que abra el paso a la reelección indefinida no es todavía un propósito muerto para la
Casa Rosada. Las listas siempre obesas de la provincia de Buenos Aires aún le arriman expectativas a los ideólogos del tercer mandato.

Si la alianza con Daniel Scioli se sostiene, a duras
penas, todos los esfuerzos 
adversativos podrían encontrar allí su límite.

Después de todo, razonan en el oficialismo, el descontento social tenderá a ceder cuando ingrese a los bolsillos la renta de la próxima cosecha. Es una mirada muy simple sobre la evolución de la economía. La imaginación de los que tienen la sartén y el mango, puesta a pergeñar números, no acusa problemas en conducir con alcoholemia. Y es una visión más precaria todavía sobre los impredecibles procesos de la política.

Pero su viabilidad debería ser medida por los opositores con un cálculo atinado de los tiempos. Que todavía enfrenten dificultades para ampliar un acuerdo mínimo en defensa de la Constitución, no es menos preocupante que el
extravío de los que proponen perpetuarse.

Una sombra consabida se extendería sobre el Congreso si la renovación de 2013 se produce con una agenda 
difusa de los parlamentarios sobre la reforma constitucional. Es conocida la debilidad del poder de turno frente a las inquietudes de la demanda agregada.